El Gobierno removió al subinspector de Personas Jurídicas tras detectar graves incumplimientos
La medida fue oficializada por decreto y dejó sin efecto la designación de Elías Lovey, al tratarse de una autoridad superior sin estabilidad. El Gobierno consideró probados incumplimientos funcionales que afectaron la coordinación y el funcionamiento del organismo.
El Gobierno del Chaco resolvió la remoción inmediata del subinspector general de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, Elías Eugenio José Lovey, luego de detectar incumplimientos graves en el ejercicio de sus funciones. La decisión fue adoptada por el gobernador Leandro Zdero y formalizada mediante un decreto del Poder Ejecutivo provincial.
Según se detalla en los fundamentos oficiales, los incumplimientos constatados afectaron de manera significativa la coordinación operativa del organismo, tanto en su sede central como en las distintas delegaciones. Estas falencias se dieron en contravención a las funciones establecidas por la Ley 1903-C y su decreto reglamentario, y generaron consecuencias institucionales que impactaron negativamente en el funcionamiento del área.
El texto del decreto señala que esta situación ya había motivado la intervención de la Inspección General de Personas Jurídicas a comienzos de 2024, a partir de los informes elevados por la intervención designada. A partir de esas actuaciones, el Ejecutivo consideró acreditadas deficiencias graves en la gestión que justificaron la adopción de una medida excepcional.
Desde el Gobierno se explicó que el cargo de subinspector general tiene rango de Autoridad Superior y se encuentra excluido del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública. Por ese motivo, no correspondía la aplicación de sanciones disciplinarias ordinarias, ya que ello vulneraría el principio de legalidad, siendo la remoción directa la única sanción jurídicamente válida.
Lovey había sido designado en el cargo en el año 2014 y, en paralelo, se encontraba incorporado a la planta permanente en otra categoría, con una licencia extraordinaria sin goce de haberes mientras ejercía la función jerárquica. Ese encuadre legal fue uno de los elementos centrales que respaldaron la decisión adoptada por el Ejecutivo provincial.
El decreto cuenta con dictámenes favorables de la Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, la Subsecretaría de Asuntos Registrales y la Asesoría General de Gobierno. Además de disponer la baja inmediata de la designación, ordena su publicación sintetizada en el Boletín Oficial y la realización de las comunicaciones administrativas correspondientes, con el objetivo de avanzar en la normalización de la gestión y fortalecer la transparencia institucional.
