Gobierno Nacional presentó una propuesta de subsidiar a empresas privadas para que tomen empleados públicos

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha presentado una propuesta para apoyar a las empresas privadas en la contratación de personal despedido del sector público. Como parte de esta iniciativa, el Estado se haría cargo de los salarios de estos empleados durante 12 meses.

La administración está próxima a reglamentar el capítulo IV de la Ley de Bases, el cual contempla la eliminación de organismos y despidos de personal. Los trabajadores afectados entrarían en "situación de disponibilidad" por hasta un año, periodo en el cual el Estado continuaría abonando sus salarios mientras buscan empleo en el sector privado. Si no encuentran empleo ni son reubicados en el sector privado, el Estado tendría la obligación de indemnizarlos al finalizar este período.

Es importante destacar que los ex empleados públicos no recibirían dos sueldos. En cambio, el salario sería transferido directamente a la empresa privada que los contrate. Fuentes empresariales han indicado que aún se están definiendo algunos detalles de esta medida.

Además, otro aspecto del capítulo sobre empleo público de la Ley de Bases se refiere a la reubicación de trabajadores en otras áreas del Estado. Según Sturzenegger, hasta ahora, cuando un empleado pasaba a trabajar para una provincia, un municipio o a otro poder del Estado nacional, el Gobierno nacional seguía pagando su salario. Con esta nueva modificación, el salario de los empleados que sean reubicados en otras jurisdicciones será asumido por el gobierno provincial o municipal correspondiente.

Los despidos durante la gestión de Milei

Según el último informe del Ministerio de Economía sobre personal en el Sector Público Nacional, en mayo el Ejecutivo contaba con 356.534 trabajadores. En noviembre, antes de la llegada de Javier Milei al poder, esa cifra era de 367.806. Es decir, se despidieron a 11.272 empleados, representando un 3% de la planta laboral al finalizar la gestión de Alberto Fernández. De estos despidos, el 90% (10.146) correspondía a personal con contratos a término y el 10% restante (1.126) a personal de planta permanente.