¿Qué hay detrás de los incendios en la Patagonia?

Los incendios forestales que afectan a la Patagonia desde diciembre de 2024 dejaron al descubierto una crisis que excede largamente lo ambiental. Más de 50 mil hectáreas de bosque nativo fueron arrasadas en Chubut, Río Negro y Neuquén, con viviendas destruidas, pobladores evacuados y víctimas fatales. Sin embargo, detrás del avance del fuego se configura un escenario donde la falta de prevención, el desfinanciamiento estatal y la ausencia de una respuesta integral del Estado nacional aparecen como factores determinantes para que los focos se transformen en verdaderas catástrofes.

Lejos de hacerse cargo, el discurso oficial tomó la decisión de desviar el eje del problema. Desde el Gobierno nacional se instaló la nefasta narrativa que apunta contra brigadistas y comunidades mapuche, promoviendo la idea de un supuesto "terrorismo ambiental". Esta estrategia no solo carece de sustento, sino que derivó en allanamientos, detenciones arbitrarias y hostigamiento a quienes habitan y defienden los territorios afectados, mientras el fuego avanzaba con escasos recursos y respuestas tardías por parte del Estado.

El rol del gobierno de Javier MIlei resulta central para comprender la magnitud del desastre. Durante 2024 se ejecutó apenas el 22% del presupuesto asignado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, lo que implicó un recorte real del 81% respecto del año anterior. A esto se suma la subejecución registrada en 2025 y el fuerte ajuste proyectado para 2026, en un contexto donde brigadistas denuncian precarización laboral, equipamiento insuficiente y una política pública orientada casi exclusivamente a la extinción, sin inversión sostenida en prevención ni mitigación.

Este escenario de total abandono estatal no es neutral. Organizaciones socioambientales, brigadistas y comunidades locales advierten que el fuego actúa como una herramienta que "limpia" territorio y debilita el arraigo comunitario, preparando el terreno para la reconfiguración del uso del suelo. Primero el incendio, luego la devastación y, finalmente, la llegada del capital. Un patrón conocido en América Latina, donde la falta de control y la inacción estatal facilitan procesos de despojo y concentración de tierras en zonas de alto valor estratégico.

En ese marco, crecieron las alertas sobre el avance de intereses económicos internacionales en el sur argentino. Analistas y organizaciones señalan la presencia de capitales privados, fundaciones y proyectos vinculados al Estado de Israel y a empresarios de ese origen, con especial interés en territorios con abundancia de agua, valor paisajístico y potencial energético. La acusación no es religiosa ni étnica, sino de una denuncia política sobre la exportación de una lógica de ocupación territorial que transforma la tierra en activo y desplaza a quienes la habitan.

Mientras las investigaciones judiciales se dilatan y las responsabilidades políticas se diluyen, la Patagonia se consume y con ella una parte clave de la soberanía nacional. El debate ya no es únicamente ambiental: es económico, político y geopolítico. En un contexto de ajuste, debilitamiento de las leyes de protección y criminalización de las resistencias territoriales, el fuego se consolida como aliado de un modelo que convierte la tierra en botín. Defender la Patagonia, advierten las organizaciones, dejó de ser una consigna para convertirse en una urgencia estratégica frente a un Estado que recorta, persigue y habilita, por acción u omisión, un saqueo silencioso.