El organismo podrá detener personas e involucrar a las fuerzas armadas en inteligencia interior
El Gobierno nacional avanzó con una reforma integral de la inteligencia a través de un decreto firmado en pleno receso parlamentario, que concentra poder en la SIDE y despierta fuertes críticas de la oposición y organismos de derechos humanos.
El presidente Javier Milei firmó el DNU 941/2025 apenas finalizadas las sesiones extraordinarias del Congreso, impulsando una reforma profunda del sistema de inteligencia nacional que amplía de manera inédita las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La decisión, tomada sin debate parlamentario y en pleno receso legislativo, redefine el funcionamiento del organismo y establece que todas sus actividades tendrán carácter "encubierto", lo que limita de forma significativa el acceso a la información y el control público sobre su accionar.
Entre los puntos más controvertidos del decreto se encuentra la habilitación para que agentes de inteligencia puedan aprehender personas en determinadas circunstancias y la posibilidad de requerir asistencia técnica o logística de las Fuerzas Armadas para tareas de inteligencia interior. Estas disposiciones rompen con los consensos construidos desde el retorno de la democracia, que buscaban separar con claridad la inteligencia civil de las funciones militares y evitar la injerencia de las fuerzas armadas en asuntos internos.
La reforma también introduce cambios estructurales en el sistema, como la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y la centralización de facultades presupuestarias y operativas en la SIDE. A su vez, todos los ministerios y organismos del Estado pasan a ser sujetos activos de tareas de contrainteligencia, con la obligación de aportar información cuando el organismo lo requiera, ampliando de manera significativa el alcance del aparato de inteligencia sobre la administración pública.
Desde la oposición y organizaciones de derechos humanos advirtieron que el decreto configura un grave retroceso institucional. Legisladores de distintos espacios denunciaron la creación de una "policía secreta" y alertaron sobre el riesgo de persecución a opositores, periodistas y activistas, mientras que especialistas cuestionaron la reiteración del uso de decretos para modificar áreas sensibles sin control del Congreso. El DNU deberá ahora ser tratado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, en un escenario atravesado por la preocupación sobre el impacto de estas medidas en la calidad democrática y el respeto de las garantías constitucionales.
