Denuncian que en 2017 organizaciones ambientalistas frenaron las obras hídricas contra inundaciones

La grave inundación que atraviesa San Luis del Palmar no es solo el resultado de lluvias extraordinarias y de la crecida del Riachuelo. También es la consecuencia directa de una serie de decisiones judiciales impulsadas años atrás por organizaciones ecologistas que lograron frenar obras hídricas destinadas a mitigar este tipo de emergencias. Proyectos iniciados en 2017, luego de inundaciones previas, quedaron inconclusos tras denuncias ambientales que derivaron en la paralización de los trabajos.

En aquel momento, el Estado provincial avanzó con tareas de dragado y limpieza del arroyo Riachuelo para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de futuras crecidas. Sin embargo, distintas organizaciones ambientalistas, entre ellas Guardianes del Iberá, la Fundación Amigos de la Tierra Argentina y grupos de navegantes autoconvocados de Chaco y Corrientes, denunciaron que las obras infringían leyes ambientales y ponían en riesgo humedales, selvas en galería y áreas protegidas como el Parque Provincial San Cayetano. Las presentaciones judiciales, sumadas a manifestaciones públicas, navegaciones de protesta y anuncios de cortes de ruta, lograron frenar el avance de los trabajos y dejaron el proyecto inconcluso, pese a que había sido impulsado tras inundaciones previas que ya habían afectado a poblaciones de la zona.

Las advertencias de entonces se centraban en un supuesto riesgo ambiental, pero también hubo alertas técnicas que señalaban el peligro contrario: que la falta de intervención agravaría futuras inundaciones. Con el paso del tiempo, esas obras no se retomaron y el Riachuelo continuó funcionando con limitaciones para evacuar grandes volúmenes de agua. La ausencia de infraestructura adecuada quedó expuesta en cada temporada de lluvias intensas.

Hoy, el escenario es crítico. San Luis del Palmar enfrenta una de las peores inundaciones de su historia reciente, con barrios enteros bajo agua, viviendas dañadas y más de 400 personas evacuadas en distintos centros habilitados de urgencia. El nivel del Riachuelo sigue en ascenso y las lluvias persistentes mantienen el alerta en toda la provincia, mientras las familias afectadas pagan el costo de decisiones que se tomaron hace años en tribunales y oficinas, lejos de la realidad cotidiana del territorio.

La emergencia actual reabre un debate incómodo: hasta qué punto el accionar de organizaciones ecologistas, respaldado por fallos judiciales, terminó sabotearando obras hídricas necesarias para proteger a la población. La discusión entre preservación ambiental e infraestructura sigue vigente, pero la situación en San Luis del Palmar deja una certeza difícil de ignorar: la falta de obras tuvo consecuencias concretas, y el precio lo están pagando hoy quienes viven a la vera del Riachuelo.