El Gobierno impulsó un borrador que elimina matrículas y controles en abogacía, enfermería y corretaje
Un texto preliminar del Consejo de Mayo incluyó la derogación de leyes de matriculación y la eliminación de regímenes disciplinarios. El borrador planteó además la supresión de estatutos laborales vigentes desde hace décadas.
El Gobierno trabajó en un borrador que apunta a una desregulación profunda de los colegios profesionales y los marcos laborales vigentes. El documento, elaborado en el ámbito del Consejo de Mayo, incluyó la derogación de normas que hoy establecen sistemas de matriculación, controles éticos y regímenes disciplinarios para actividades como la abogacía en la Ciudad de Buenos Aires, la enfermería, el corretaje inmobiliario y la labor de los agentes de propaganda médica. Aunque estas medidas no aparecieron en el texto preliminar difundido tras el encuentro del Consejo, el material circuló entre funcionarios y sectores involucrados, generando atención por su alcance.
La propuesta retomó lineamientos que el Ejecutivo ya había intentado implementar por vía del DNU 70/2023, donde planteaba liberar matrículas, desactivar mecanismos disciplinarios y suprimir órganos colegiados. Aquel decreto quedó suspendido por la Justicia, pero buena parte del enfoque volvió a aparecer en este borrador: la eliminación de requisitos de ejercicio para enfermeros, modificaciones para martilleros y corredores, y la revisión de incumbencias profesionales que hoy dependen de estructuras colegiadas. Según el Gobierno, reducir estos regímenes permitiría quitar barreras administrativas para habilitar actividades económicas, aunque los colegios y especialistas advierten que la ausencia de controles podría afectar estándares y responsabilidades.
La orientación desregulatoria también abarcó estatutos laborales históricos. En el documento se propuso suprimir el Estatuto del Periodista Profesional, que regula condiciones específicas de trabajo; el Estatuto del Viajante de Comercio, que fija comisiones y modalidades de contratación; y la Ley de Teletrabajo, que contempla derechos como la desconexión digital y compensaciones por gastos. La eventual llegada del proyecto al Congreso abriría un debate complejo por el impacto en profesiones reguladas, relaciones laborales y sistemas de fiscalización, mientras distintos sectores se mantienen expectantes a la presentación formal del Gobierno.
