El caso Kueider llegó a la Corte paraguaya: la defensa busca frenar su extradición a la Argentina
El ex senador y su pareja siguen detenidos en Paraguay por ingresar USD 200 mil sin declarar, mientras su defensa insiste en objeciones formales. Los planteos presentados por sus abogados fueron rechazados en dos instancias y ahora quedaron en manos del máximo tribunal.

Edgardo Kueider atraviesa el tramo más sensible de su situación judicial en Paraguay. Su defensa elevó a la Corte Suprema una serie de planteos que habían sido rechazados en primera instancia y luego confirmados por un Tribunal de Apelaciones. El objetivo es estirar los tiempos del proceso de extradición solicitado por la jueza argentina Sandra Arroyo Salgado, quien lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Kueider permanece detenido junto a su pareja, Iara Guinsel, desde que ambos intentaron ingresar al país con 200 mil dólares sin declarar, hecho por el cual enfrentarán un juicio por contrabando en abril de 2026.
Los ministros del máximo tribunal deberán analizar recursos que alcanzan tanto a la Sala Constitucional como a la Sala Penal. Fuentes con acceso al expediente explicaron que "la Corte entiende en instancia única en varias vertientes", por lo que cada sala interviene según corresponda. La primera se encarga de las acciones o excepciones de inconstitucionalidad y evalúa su admisibilidad. La segunda revisa resoluciones originarias, incluyendo recursos extraordinarios de casación vinculados al trámite de extradición.


Los abogados defensores, Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, basaron su estrategia en objeciones formales. Plantearon que la extradición debía gestionarse por el artículo 19° del acuerdo bilateral, y no por el 10°, como resolvió el juez de Garantías Rolando Duarte. Además, argumentaron que la consulta para responder al dictamen fiscal que avaló la extradición era "imprecisa" y no contenía la información suficiente. En segunda instancia, el magistrado Jesús Riera Manzoni les respondió que "no se observa perjuicio o menoscabo a los intereses o derechos de los recurrentes", y que las objeciones no justificaban alterar lo decidido. Sus colegas Paulino Escobar Garay y Mario Torres Leguizamón acompañaron ese criterio.
El Tribunal de Apelaciones también consideró "improcedente" que el reclamo se realizara en esa etapa del proceso, ya que sus defensores debían limitarse a contestar la postura fiscal. Para los jueces, "no se advierte un agravio que justifique alguna modificación del auto recurrido", lo que dejó sin efecto cada uno de los incidentes presentados. El expediente quedó ahora bajo el análisis de la Corte, que puede confirmar lo resuelto o introducir rectificaciones. Solo en este último caso el avance hacia la extradición encontraría una nueva barrera, una definición que dependerá de lo que ocurra antes y después del juicio por contrabando previsto para el año próximo.
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