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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
CASO CECILIA

Las defensas pidieron declarar inconstitucional la prisión perpetua: "está en pleno desarrollo", señaló la abogada de César

La defensa argumentó que la pena perpetua contradice tratados internacionales, afecta el principio de resocialización y constituye un castigo prohibido por la Constitución. Las abogadas Celeste Ojeda y Gabriela Tomljenovic pidieron que se declare la inconstitucionalidad de la perpetua y de los artículos que impiden acceder a beneficios como la libertad condicional.

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Durante la etapa final de la tercera jornada de audiencia de cesura del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la defensa de Marcela Acuña y César Sena presentó un extenso planteo de inconstitucionalidad con el objetivo de evitar la imposición de la prisión perpetua, pena solicitada por la Fiscalía y las querellas. La abogada Celeste Ojeda, representante de Acuña, afirmó que "esta es la oportunidad procesal para plantear la inconstitucionalidad", y sostuvo que la perpetua "no cumple con el fin resocializador que exige la Constitución y los tratados internacionales".


Ojeda aseguró que la prevención general, uno de los argumentos utilizados por las acusaciones para justificar la perpetua, "no es un fundamento válido en nuestro sistema jurídico". Según explicó, "la Constitución, el Código Penal y los tratados solo reconocen como fin de la pena la resocialización; sancionar no es castigar, y castigar está prohibido por el artículo 18". En esa línea, remarcó que "una pena única y sin horizonte de revisión convierte al condenado en un medio para ejemplificar, lo que es incompatible con la dignidad humana".


La abogada señaló además que la prisión perpetua vulneraría otros principios, como la individualización y la proporcionalidad. "El artículo 45 equipara la pena del autor y del partícipe sin distinguir niveles de reproche. Una pena de estas características vuelve imposible valorar la culpabilidad de manera personal", indicó. Ojeda también planteó que, por la edad y antecedentes médicos de Acuña, "los 35 años mínimos para acceder a una eventual libertad condicional transforman la pena en una muerte encubierta". "Con 53 años, llegaría a los 88, muy por encima de la expectativa de vida del país", agregó.


Por su parte, la defensa de César Sena, encabezada por Gabriela Tomljenovic, afirmó que la perpetua es inconstitucional porque el imputado, de 22 años, "está en pleno desarrollo" y su personalidad "aún es maleable". "La pena debe permitir cambio y evolución; una pena que ignore el potencial del joven sería contraria a la Constitución", sostuvo. Tomljenovic insistió en que el proceso "estuvo teñido desde el primer minuto por el impacto social del caso" y reiteró que la defensa solicitó una pericia psiquiátrica que fue rechazada. "Sin un diagnóstico de salud es imposible definir la pena", dijo.


Ambas defensas apelaron también al reciente fallo Guerra de la Corte Suprema y solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal y del artículo 56 bis de la Ley 24.660, que impiden acceder a beneficios como la libertad condicional. "Una pena sin horizonte de revisión temporal viola el principio de legalidad y se vuelve incompatible con la dignidad humana, transformándola en una pena de muerte encubierta", citó Ojeda.


La defensa anticipó además que, si la sentencia impone la perpetua, recurrirá a instancias superiores. En ese marco, pidió que César Sena cumpla una eventual condena en un establecimiento penitenciario de Resistencia para evitar un "alejamiento irrazonable de su único núcleo afectivo". También se opuso a la inscripción de la muerte de Cecilia como femicidio en el Registro Civil y a la entrega de los restos a la familia, al considerar que esas medidas afectarían futuras impugnaciones.


Finalmente, Ojeda reclamó que se eliminen las restricciones especiales sobre Marcela Acuña en la unidad donde está alojada. Según sostuvo, esas medidas ya no tienen fundamento procesal y "ella debe recibir trato igual al de cualquier persona privada de libertad". También pidió la devolución de notebooks, celulares y un gabinete de escritorio secuestrados durante la investigación, al considerar que "pueden ser utilizados para su reinserción social y actividades de estudio".

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