El Gobierno nacional eliminó el control estatal sobre las cuotas de los colegios privados
A través del Decreto 787/2025, el Ejecutivo derogó una norma vigente desde 1993 que establecía la obligación de informar y autorizar los aumentos de matrículas y cuotas. La medida busca liberar a los institutos de gestión privada del control estatal sobre sus aranceles y adaptar el sistema a la realidad económica actual.
El Gobierno nacional dispuso la eliminación del control estatal sobre los aranceles de los colegios privados tras más de tres décadas de regulación. La medida fue oficializada mediante el Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, que deroga el Decreto 2417/1993. Desde entonces, el Estado nacional mantenía un esquema de supervisión sobre las matrículas y cuotas que debían informar los establecimientos antes de aplicar cualquier modificación en los precios.
Con esta decisión, los institutos de enseñanza privada podrán fijar los valores de sus servicios educativos sin necesidad de autorización previa del Estado. Según los fundamentos del nuevo decreto, la normativa derogada dificultaba la capacidad de las instituciones para adaptarse a los cambios económicos, especialmente en un contexto inflacionario que exige ajustes constantes en los costos operativos y salariales.
El texto oficial argumenta que el sistema vigente desde los años noventa se sustentaba en un modelo centralizado, previo a la transferencia de competencias educativas a las provincias. El Ejecutivo considera que, bajo el nuevo esquema, corresponde revisar las pautas regulatorias para permitir una gestión más autónoma de los colegios, garantizando la continuidad de su labor y la sostenibilidad económica del sector.
El decreto también sostiene que las limitaciones impuestas por el control estatal generaban distorsiones en el mercado educativo, ya que obligaban a los colegios a fijar cuotas más elevadas desde el inicio del ciclo lectivo ante la incertidumbre de no poder modificarlas a tiempo. Además, el Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar el Decreto 2542/1991, que regula el financiamiento de la educación privada, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de libre contratación y competencia entre instituciones.
