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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
CAUTELAR

La Justicia ordenó a la ANDIS restablecer todas las pensiones por discapacidad suspendidas

La medida del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca extiende a todo el país una cautelar que restituye las pensiones no contributivas por incapacidad laboral. En un plazo de 24 horas, la Agencia Nacional de Discapacidad deberá reactivar los pagos y detener nuevas auditorías.

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El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer en todo el país las pensiones no contributivas por incapacidad laboral que habían sido suspendidas por el Gobierno nacional. La medida judicial establece un plazo de 24 horas para reactivar los pagos y dispone el reintegro inmediato de los haberes retenidos a los beneficiarios afectados.


El fallo extiende a todo el territorio argentino una cautelar que hasta ahora regía solo en Catamarca. El tribunal consideró que las auditorías y revisiones masivas realizadas por la ANDIS afectaron de manera uniforme a miles de personas con discapacidad, dejándolas sin ingresos básicos para su subsistencia. Por ese motivo, la resolución adquiere carácter colectivo y protege a todas las personas perjudicadas, sin necesidad de que cada una realice reclamos individuales.


La sentencia reúne distintas causas iniciadas por organizaciones de derechos humanos y entidades dedicadas a la defensa de personas con discapacidad, entre ellas la Asociación Azul, el CELS, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Clínica Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata. El tribunal designó como representantes del colectivo a la Asociación Azul y a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM), con el objetivo de garantizar la correcta defensa de los derechos involucrados.


Además de ordenar la restitución de las pensiones, el fallo prohíbe a la ANDIS continuar con las auditorías y nuevas suspensiones mientras no exista una sentencia definitiva. La Justicia consideró que la pérdida de ingresos afecta el derecho a una vida digna y compromete la integridad de los beneficiarios. Con esta decisión, miles de personas en todo el país podrán recuperar los haberes retenidos desde que comenzó el proceso de revisión dispuesto por el Decreto 843/2024.

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