Milei analiza recortar Vialidad y Seguridad Vial tras la caída en la recaudación
La eliminación de retenciones a las exportaciones agrícolas generó dudas en el Ejecutivo, que ahora busca reducir estructuras estatales.. Entre los organismos alcanzados figuran INTI, INTA, INV, Vialidad y CNRT, mientras crecen las diferencias sobre el alcance de las medidas. En la Casa Rosada insisten en que la baja de ingresos será compensada por mayor actividad, aunque los analistas advierten un costo de más de US$1000 millones.
En la Casa Rosada se multiplican las reuniones a raíz de la caída de la recaudación registrada tras la decisión de reducir las retenciones a las exportaciones agrícolas. La medida, adoptada con la expectativa de impulsar la actividad del sector, encendió luces de alarma en el Ejecutivo por el costo fiscal que acarrea. Distintos equipos de gobierno reconocen que el efecto en las cuentas públicas podría complicar el panorama en los próximos meses.
En el Ministerio de Economía señalan que la situación no implica un riesgo de déficit inmediato y confían en que el repunte de la producción logre sostener los ingresos. No obstante, especialistas advierten que el impacto podría superar los mil millones de dólares, un cálculo que alimenta la prudencia con que se mueven los funcionarios del Palacio de Hacienda.
Mientras tanto, se delinean recortes en dependencias que habían sido restablecidas tras el rechazo legislativo a los decretos delegados. La intención es reducir estructuras sin entrar en contradicción con lo dispuesto por el Congreso. Entre las áreas bajo análisis se encuentran el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la Dirección Nacional de Vialidad y las agencias vinculadas a la seguridad vial y al transporte.
La iniciativa es atribuida al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aunque su entorno remarca que su agenda también incluye cambios en el mercado inmobiliario y en sectores exportadores. Dentro del oficialismo hay distintos criterios sobre la prioridad de las medidas, pero todos coinciden en que es necesario avanzar con una hoja de ruta que ajuste las dimensiones del Estado.
En paralelo, el Gobierno observa con reservas las tratativas por el Presupuesto 2026. La cercanía de las elecciones legislativas de octubre condiciona los plazos y no descartan prorrogar nuevamente las partidas de 2023. En los despachos oficiales esa opción no es vista como un retroceso, ya que permitiría mantener un esquema de gastos que consideran más manejable.
Hacia fin de año, el Ejecutivo proyecta que el recambio legislativo amplíe la representación de La Libertad Avanza y consolide acuerdos con gobernadores aliados. Esa expectativa abre la posibilidad de encarar la discusión presupuestaria en un escenario más favorable, con margen para aplicar los ajustes que buscan contener el impacto de la baja en los ingresos fiscales.
