Disputa por el aumento del boleto: empresarios piden hasta $2300

En la ciudad de Corrientes comenzó una nueva discusión por el precio del transporte urbano, que podría tener un aumento significativo en los próximos días. La tarifa actual de $1.290 quedaría muy atrás si prospera alguna de las propuestas que se analizaron en la última reunión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (SIMU). El Ejecutivo municipal planteó llevar el boleto a $1.895, lo que representa una suba del 45%. Sin embargo, los empresarios del sector consideran insuficiente ese esquema y reclaman una actualización del 60%, lo que llevaría el pasaje a $2.370.

La definición pasará ahora por el Concejo Deliberante y por una audiencia pública, instancias en las que se abrirá el debate entre las partes involucradas. La discusión se da en un contexto marcado por la crisis económica, la reducción de los subsidios nacionales y la caída en la cantidad de usuarios del transporte público. Cada vez más vecinos optan por alternativas como la bicicleta, el mototaxi o el uso compartido de vehículos, frente a un sistema que consideran caro y con frecuencias que no responden a la demanda diaria.

El malestar ciudadano se centra en que, pese a los aumentos acumulados en los últimos meses, las unidades siguen circulando con demoras y no llegan con la regularidad que exigen quienes dependen del servicio para estudiar o trabajar. Desde la Defensoría de los Vecinos señalaron que el número de pasajeros en Corrientes viene en descenso, lo que refleja la pérdida de confianza de la población en el sistema de transporte.

La discusión sobre el nuevo cuadro tarifario genera incertidumbre entre los usuarios, que deberán afrontar valores cada vez más altos para trasladarse dentro de la capital. En este escenario, la decisión final que adopte el Concejo será determinante para definir si el costo del boleto se acerca a los $1.900 que propone el municipio o a los $2.370 pretendidos por los empresarios.

La expectativa crece en las próximas semanas, cuando se realicen las audiencias y se avance en el tratamiento legislativo. Lo cierto es que, cualquiera sea el valor que se defina, el impacto en el bolsillo de los vecinos será considerable en una ciudad donde el transporte urbano ya atraviesa serias dificultades para sostener su funcionamiento.