Tras el veto al financiamiento universitario, el Ejecutivo también frenó la ley de pediatría

En las primeras horas del jueves, el Gobierno nacional oficializó el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796. La decisión se formalizó mediante el Decreto 651/2025 publicado en el Boletín Oficial, lo que implica que el proyecto será devuelto al Congreso de la Nación para que ambas cámaras decidan si insisten en su aprobación.

La iniciativa había sido sancionada el 22 de agosto con un amplio respaldo parlamentario, al reunir 62 votos afirmativos en el Senado contra apenas ocho rechazos. Su contenido establecía un año de vigencia, durante el cual se garantizaba recomposición salarial para el personal de salud pediátrica, incremento en el presupuesto destinado a insumos críticos y la exención del pago de Ganancias para quienes desempeñaran tareas esenciales.

El texto también reconocía al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional en pediatría de alta complejidad y planteaba que ningún salario del sector se ubicara por debajo del nivel real registrado en noviembre de 2023. Además, incluía a residentes de distintas especialidades y contemplaba asignaciones específicas para medicamentos, vacunas, infraestructura y tecnologías médicas.

Desde el Ejecutivo se argumentó que la norma carecía de financiamiento genuino y que su redacción generaba ambigüedades sobre qué funciones podían considerarse críticas. Según el análisis oficial, la aplicación de la ley provocaría distorsiones salariales dentro del sistema de salud y afectaría tanto a las cuentas nacionales como a los presupuestos provinciales, además de generar un costo fiscal que superaría los 65.000 millones de pesos.

Otro de los puntos objetados fue la exención del impuesto a las Ganancias, ya que se estimó que esta medida reduciría la recaudación en más de 115.000 millones de pesos. El Gobierno también cuestionó que los fondos necesarios se obtuvieran reasignando partidas ya disponibles en el Ministerio de Salud, lo que, según el decreto, pondría en riesgo programas sanitarios esenciales.

La declaración de emergencia pediátrica había surgido tras una serie de reclamos y movilizaciones de trabajadores del Hospital Garrahan, quienes pedían un incremento salarial y recursos adicionales para garantizar la atención de pacientes. Su aprobación había sido presentada por la oposición como un triunfo legislativo frente al oficialismo. Sin embargo, el veto presidencial repitió la misma línea adoptada días antes con la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto donde el Gobierno busca limitar el gasto público y ajustar partidas consideradas inviables desde el punto de vista fiscal.