Se vence el tiempo para que Milei decida sobre las leyes de financiamiento universitario y Hospital Garrahan
El Presidente tiene plazo hasta este jueves para vetar o promulgar la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario y el reparto automático de ATN. La definición llega en medio de la campaña electoral, tras la derrota en Buenos Aires y con tensiones en la relación con los gobernadores.

El presidente Javier Milei enfrenta horas decisivas con tres leyes aprobadas por el Congreso que ponen a prueba su estrategia de mantener el ajuste fiscal en medio de la campaña hacia las legislativas de octubre. El plazo legal para definir si vetará o no la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario y el reparto automático de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) vence este jueves.
Se trata de iniciativas con fuerte respaldo en ambas cámaras. La emergencia pediátrica, que garantiza el funcionamiento del Hospital Garrahan, se aprobó en el Senado con 62 votos, superando los dos tercios. En tanto, la ley de financiamiento universitario logró 58 votos a favor, apenas un voto por debajo de esa mayoría calificada. Por su parte, el reparto de los ATN fue sancionado en Diputados con el respaldo de los 24 gobernadores, quienes impulsaron un esquema automático de distribución en reemplazo de la discrecionalidad del Ejecutivo.
El dilema se produce en un contexto complejo para el oficialismo, golpeado por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y la pérdida de apoyos de varios gobernadores que conformaron el bloque de Provincias Unidas. A ello se suman la presión cambiaria, el impacto de los audios del funcionario Diego Spagnuolo y una interna que debilita la cohesión política de La Libertad Avanza.
La Constitución establece que, pasados diez días hábiles desde la notificación de las leyes, el Ejecutivo debe vetarlas o promulgarlas. Si no hay respuesta, se consideran aprobadas automáticamente. En caso de un nuevo veto, el Gobierno podría volver a quedar expuesto a una derrota parlamentaria, ya que la oposición se encuentra en condiciones de insistir con las leyes con dos tercios de los votos.
El debate más sensible gira en torno a la ley universitaria. Los rectores de la Universidad de Buenos Aires difundieron un video en el que piden al Ejecutivo que reglamente la norma, que prevé recomposición salarial docente y no docente, actualización de gastos de funcionamiento y fondos destinados a becas e infraestructura. Desde marzo, la UBA declaró la emergencia salarial por la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.
En paralelo, la emergencia pediátrica busca sostener la atención en el Garrahan, un hospital de referencia nacional que enfrenta dificultades para cubrir su funcionamiento. La norma establece mecanismos de financiamiento para garantizar la atención integral. Durante su última visita al Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, evitó adelantar si el Gobierno avanzará con el veto.
La tercera ley en cuestión, la de distribución automática de ATN, tiene un costo estimado del 0,03% del PBI, equivalente a 253 mil millones de pesos. Los gobernadores remarcan que esos fondos ya les corresponden y advirtieron que un veto podría tensar aún más la relación con la Casa Rosada. En los últimos días, los mandatarios provinciales de Provincias Unidas se reunieron por videoconferencia para analizar la situación, con la mirada puesta en las legislativas de octubre, donde debutarán con boleta propia.
El desenlace de esta pulseada marcará el tono de la relación entre el Gobierno y el Congreso en un tramo clave de la campaña, con un Ejecutivo decidido a sostener su disciplina fiscal frente a una oposición fortalecida tras el revés electoral.
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