Denuncian que Alberto Fernández cedió 13 terrenos militares a gremios amigos

El fiscal federal Carlos Stornelli ha denunciado la cesión irregular y gratuita de al menos 13 predios estatales a sindicatos por parte de la Administración de Bienes del Estado (AABE). La denuncia, producto de una investigación preliminar, señala que estos terrenos pertenecían al Ejército, al Ministerio de Defensa y a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar).

Según Stornelli, las cesiones ocurrieron en los últimos meses del mandato de Alberto Fernández y apuntan a beneficiar a entidades gremiales afines al gobierno. Los investigados incluyen al AABE y al entonces jefe de Gabinete, Agustín Rossi, además de otras áreas del Poder Ejecutivo.

La investigación preliminar del fiscal comenzó tras un informe del programa "La Cornisa" de Luis Majul, que reveló algunas de estas cesiones. Stornelli recabó documentos que indican, por ejemplo, que el 8 de septiembre de 2023 se desafectó un predio de 120,000 metros cuadrados en Ezeiza de la Fuerza Aérea Argentina, otorgado al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), liderado por Víctor Santa María, para supuestamente construir un complejo recreativo.

Otro caso similar ocurrió el mismo día, con la entrega de 160,000 metros cuadrados aledaños al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), solicitado por Roberto Baradel, para un "Camping Recreo Ezeiza Suteba".

El 27 de septiembre de 2023, la Sedronar cedió 1,500 metros cuadrados en Buenos Aires y el Instituto Nacional del Teatro 1,120 metros cuadrados adicionales a la Confederación General del Trabajo (CGT) para actividades formativas, a pedido de su secretario general, Héctor Daer.

Finalmente, el 17 de noviembre de 2023, el Ejército Argentino cedió 80,129 metros cuadrados en Remedios de Escalada a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), a solicitud de su secretario general, Francisco Abel Furlán, para un polo multifuncional.

Stornelli sostiene que estas cesiones carecieron de convocatoria pública y que no se establecieron planes de uso claros, lo que puede constituir fraude al Estado. Además, mencionó la falta de consideración de riesgos, como áreas inundables y zonas de amortiguación militar, en los terrenos del Ejército cercanos a Campo de Mayo.

La causa ha sido asignada al juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, con la intervención de la fiscal Alejandra Mángano.