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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
ELECCIONES EN CORRIENTES

La empresa encargada del conteo es presidida por un hermano de Valdés: oposición exige transparencia

Los apoderados de ECO, Limpiar Corrientes y La Libertad Avanza acudieron a la Justicia para exigir información sobre la carga de datos y el traslado de urnas. Solicitan que TELCO S.A. detalle el sistema de transmisión de resultados y que Andreani explique cómo trasladará las urnas.

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Oposición Teme Fraude Electoral En Corrientes

La oposición en Corrientes recurrió a la Justicia para pedir medidas urgentes que garanticen la transparencia en las elecciones provinciales previstas para el próximo 31 de agosto. Los apoderados de ECO –Encuentro por Corrientes–, Limpiar Corrientes y La Libertad Avanza interpusieron un amparo electoral con el objetivo de "proteger el derecho al voto y asegurar la pureza del sufragio".


El planteo cuestiona especialmente a las empresas contratadas para la logística electoral. En la presentación judicial, los partidos solicitaron que Corrientes Telecomunicaciones (TELCO S.A.), firma que preside un hermano del gobernador Gustavo Valdés, informe "el procedimiento que empleará para la carga y transmisión de resultados, los tiempos estimados y la forma en que se brindará información a los fiscales".


Otro de los puntos del amparo apunta al rol de la empresa postal Andreani, que reemplazará al Correo Argentino en el traslado de urnas y telegramas. La oposición pidió que se especifique "el modo en que se realizará esta tarea, los plazos previstos y las medidas de seguridad adoptadas", al tratarse de la primera vez que la compañía intervendrá en un comicio provincial.


Además, solicitaron la participación del Ministerio del Interior y del Ministerio de Seguridad de la Nación para controlar el eventual ingreso irregular de ciudadanos paraguayos en localidades fronterizas como Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria e Itá Ibaté. Por último, requirieron que se disponga la presencia de Oficiales de Justicia en los centros de recepción de urnas, con la misión de verificar que no sean manipuladas y constatar la integridad de las fajas de seguridad.


"Se trata de garantizar la imposibilidad de engaño o fraude electoral", expresaron los apoderados en el escrito, al fundamentar la necesidad de una intervención judicial rápida antes de la jornada electoral.

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