33 de los 69 candidatos titulares que propuso LLA para la Legislatura bonaerense son empleados públicos

La Libertad Avanza (LLA), el partido que construyó su identidad política sobre la denuncia de la "casta" y la necesidad de achicar el Estado, presenta en la provincia de Buenos Aires una lista legislativa que contradice abiertamente su discurso. De los 69 candidatos titulares que propone para la Legislatura bonaerense, 33 son empleados públicos, una cifra que supera el 47%. La paradoja se vuelve aún más evidente al recordar que Javier Milei, líder de la fuerza, utilizó la motosierra como símbolo de campaña para representar su voluntad de desmantelar la burocracia estatal.

Este armado no es casual ni resultado de internas espontáneas: fue diseñado por Karina Milei y Sebastián Pareja, dos de las figuras más influyentes del partido a nivel nacional. La nómina incluye nombres provenientes de dependencias clave como ANSES, PAMI, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores. En algunas secciones, como la Segunda, nueve de once postulantes trabajan actualmente para el Estado. La contradicción no solo es ideológica: también hay movimientos irregulares de candidatos entre distintas secciones electorales, lo que podría habilitar impugnaciones por violaciones al Código Electoral.

La aparente incoherencia ideológica no es lo único que llama la atención. También destaca la fuerte presencia de figuras cercanas a Karina Milei, incluso con escasa trayectoria política o académica. Tal es el caso de Rocío Ángeles Gómez, de menos de 25 años, que accedió a un lugar prominente en la lista por su cercanía con la hermana del Presidente. En paralelo, Luis Ontiveros, armador de las designaciones estatales en la Tercera Sección, aparece como otro de los beneficiarios de este esquema que mezcla aparato estatal y posicionamiento electoral sin demasiada sutileza.

Algunos nombres refuerzan esta lógica: Lorena Bincaz, jefa de la ANSES en Mar del Plata; Ruddy Ziegler, también de ANSES en Junín; y Gastón Corti, secretario de Desarrollo Académico de CABA. Más allá de las identidades individuales, lo que se evidencia es un patrón: el uso del Estado no como blanco de ajuste, sino como plataforma para estructurar poder territorial. La Séptima Sección, por ejemplo, tiene a dos de sus tres candidatos principales con cargos en el Estado, entre ellos un referente de "La Púrpura", una organización que paradójicamente dice combatir a la casta profesional.

En algunos casos, los vínculos cruzados entre familia, política y gestión completan el cuadro. Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, figura como candidato en la Octava Sección tras ser designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera del Ministerio de Defensa. Vanesa Viviana Gioia, quien lideró despidos masivos en Vialidad, aparece como candidata en la Tercera, donde también están su esposo Carlos Curestis y la dirigente Miriam Niveyro. Lejos de eliminar la "casta", LLA parece reproducir las mismas lógicas que solía denunciar.

Esta estrategia deja a la vista una contradicción estructural en el discurso libertario: mientras desde lo simbólico se insiste en la necesidad de eliminar el gasto público y enfrentar a la burocracia estatal, en la práctica se utiliza el mismo Estado para armar listas, generar lealtades internas y proyectar candidaturas. Lejos de una renovación, el armado bonaerense de LLA se parece más a un reciclaje dentro de los márgenes del sistema político tradicional, con el agravante de hacerlo bajo un manto de superioridad moral que los hechos, una vez más, desmienten.