Fracasó el blanqueo laboral: solo el 0,3% de los empleos informales fueron regularizados
El programa de regularización incluido en la Ley Bases apenas logró registrar 16.703 trabajadores en tres meses. Pese a los beneficios fiscales, las empresas no se volcaron al blanqueo y persisten los altos niveles de informalidad.

El Régimen de Promoción del Empleo Registrado, impulsado por el Gobierno dentro de la Ley Bases, tuvo un impacto muy limitado. En los tres meses en que estuvo vigente el programa, apenas 1950 empleadores adhirieron y se logró regularizar la situación de solo 16.703 trabajadores, lo que representa un escaso 0,3% del universo estimado de asalariados no registrados en la Argentina. Según datos oficiales, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recaudó aproximadamente $2000 millones durante este período.
La escasa efectividad del plan se explica, en parte, por la eliminación simultánea de las sanciones a quienes empleaban en la informalidad. Esta medida, incluida en la misma ley, redujo el incentivo para las empresas a ingresar al régimen. Además, el contexto económico, marcado por incertidumbre y bajo nivel de actividad, no fue favorable para decisiones que implicaran mayores costos fijos o mayor exposición legal a futuro.
Las micro y pequeñas empresas fueron las que mayormente participaron del plan, representando el 90% de los adherentes. Estas entidades accedieron a condonaciones de hasta el 90% de sus deudas previsionales y fiscales. El comercio fue el sector con más empleadores registrados, seguido por la industria, los servicios gastronómicos, la salud y el agro. Aun así, la dimensión del empleo informal en el país sigue siendo significativa, con más de cinco millones de trabajadores fuera del sistema, según el INDEC.
Distintos economistas advirtieron que el problema de la informalidad requiere una estrategia sectorial, y que el fracaso del plan refleja tanto las limitaciones estructurales del mercado laboral como la falta de políticas más integrales. A su vez, la postergada reforma laboral y las dificultades para generar empleo privado formal siguen siendo temas centrales sin resolver en la agenda del Gobierno.













