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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
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Milei pone a la "industria del juicio" en la mira

El Presidente impulsa medidas para frenar la litigiosidad y cuestiona fallos laborales que frenan sus decretos. Apunta a jueces que considera funcionales al sindicalismo y analiza reformas estructurales

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El presidente Javier Milei prepara una ofensiva contra la Justicia del Trabajo, a la que acusa de ser responsable de alentar una "industria del juicio" que, según su visión, perjudica a las pequeñas empresas y desalienta inversiones. La Casa Rosada analiza públicamente los fallos adversos al Gobierno en materia laboral y ya inició un relevamiento interno para exponer a los magistrados que considera parciales. En ese marco, la jueza Moira Fullana quedó en el centro de las críticas por sus sentencias que anularon artículos de los DNU 340 y 430, relacionados con el derecho a huelga y el Día del Trabajador del Estado.


El plan oficial contempla un giro en la estrategia institucional, con respaldo en un fallo de la Corte Suprema que habilita al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires a intervenir en apelaciones de causas laborales nacionales. La administración nacional ve en este camino una vía para restarle poder a los jueces que cuestiona, aunque para concretarlo deberá avanzar en el traspaso de competencias judiciales, una medida que ya genera resistencia dentro del Poder Judicial. El oficialismo también apunta a modificar el procedimiento laboral desde diciembre, cuando espera tener más representación legislativa.


Entre los argumentos esgrimidos por el Gobierno se destaca un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que advierte sobre un crecimiento sostenido de las demandas judiciales pese a la baja en la siniestralidad. El estudio indica que entre junio de 2024 y mayo de 2025 se iniciaron más de 126 mil juicios, por un valor estimado en casi 7 millones de salarios mínimos. Según la UART, esto se debe a pericias médicas infladas y tasas judiciales desproporcionadas, que transformarían los reclamos en oportunidades de negocio.


Además de exponer públicamente a los jueces y abogados laboralistas, desde el entorno presidencial barajan posibles sanciones a profesionales que promuevan demandas consideradas falsas o especulativas. La tensión institucional recuerda a la postura del expresidente Mauricio Macri, quien ya había embestido contra este fuero en 2017 al acusarlo de ser un obstáculo para la generación de empleo. Con un discurso similar, Milei busca avanzar en un rediseño del sistema laboral que, según asegura, "destruyó a las pymes" y beneficia a "castas judiciales y mafias sindicales".

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