Milei vetó la Ley de Emergencia para Bahía Blanca por la inundación
El presidente vetó una ley votada casi por unanimidad que preveía asistencia económica a las zonas afectadas por la catástrofe de marzo.
El presidente Javier Milei vetó por completo la ley 27.790, sancionada a principios de junio con un amplio respaldo parlamentario, que declaraba la emergencia y catástrofe para Bahía Blanca y Coronel Rosales tras las trágicas inundaciones del 7 de marzo. La norma contemplaba la creación de un fondo de $200.000 millones para reconstrucción, subsidios, exenciones fiscales, créditos blandos y otras herramientas de alivio para una población que aún hoy intenta recuperarse. El veto fue publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada, sin anuncios previos ni respuestas institucionales a los afectados. A tres meses del desastre, el Gobierno nacional clausura así cualquier posibilidad de respuesta integral desde el Estado.
La decisión contrasta de manera flagrante con otras prioridades del Ejecutivo. En la misma semana, Milei oficializó un convenio bilateral con Israel que garantiza a sus ciudadanos residentes en Argentina acceso a prestaciones sociales, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, en un acuerdo de reciprocidad que beneficia directamente a ciudadanos extranjeros en plena política de ajuste interno. El mensaje es claro: mientras se argumenta que "no hay plata" para las víctimas de una catástrofe natural que dejó 18 muertos —entre ellas dos niñas—, sí hay disponibilidad presupuestaria para garantizar derechos sociales a quienes no fueron afectados por ninguna tragedia local.
El propio decreto presidencial admite que una de las razones para vetar la ley fue que no especificaba la fuente de financiamiento, aunque se trata de una exigencia que no suele aplicarse con el mismo rigor a otras decisiones del Gobierno, como los gastos extraordinarios para viajes oficiales o los fondos destinados a reforzar la seguridad en operativos represivos. El Ejecutivo alegó además que ya se brindó ayuda a través del programa "Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR)", que entregó subsidios a poco más del 85% de los inscriptos, aunque esa asistencia se limitó a pagos individuales y no contempla obras de infraestructura, reconstrucción urbana ni créditos para pymes afectadas.
Tampoco se ofreció una explicación convincente sobre la exclusión de Coronel Rosales del plan de ayuda, cuando numerosos barrios de esa localidad sufrieron anegamientos y pérdidas materiales. La negativa se basó en informes del Servicio Meteorológico Nacional, pero los testimonios de vecinos y autoridades locales contradicen esa mirada burocrática. Al mismo tiempo, el Gobierno impide por su veto que el Congreso vuelva a discutir una posible asistencia este año, dejando a toda la región sin herramientas legislativas para gestionar la crisis. Ni el intendente Federico Susbielles ni otros actores políticos locales recibieron explicaciones previas, pese a haber advertido la gravedad de la situación.
La reacción de la ciudadanía bahiense ya se había hecho sentir en marzo, cuando Milei tardó cinco días en llegar a la zona y fue abucheado por los vecinos. El rechazo se repitió con los funcionarios que lo acompañaron, entre ellos Patricia Bullrich y Guillermo Francos, señalados por su indiferencia en las primeras horas del temporal. Las críticas se amplificaron tras el veto presidencial, que dejó en evidencia la falta de voluntad política para dar una respuesta estructural al drama vivido por miles de familias. "Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos", denunció el PJ bonaerense, sintetizando la sensación de abandono e injusticia que dejó la medida.
