La Corte Suprema se prepara para confirmar la condena a Cristina Kirchner: los fundamentos

La Corte Suprema de Justicia está a un paso de cerrar uno de los capítulos judiciales más trascendentes de los últimos años: la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por su rol en la denominada "causa Vialidad". La expresidenta fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por delitos vinculados a la asignación irregular de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Este martes, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se reúnen para definir si rechazan los recursos presentados por su defensa, lo que dejaría firme la sentencia dictada en 2022 y confirmada en 2023.

La causa investigó una estructura de fraude al Estado a través de 51 contratos de obra pública otorgados al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, período que coincide con los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner. La maniobra consistió, según los fallos previos, en la creación de un grupo empresarial cartelizado, licitaciones direccionadas, obras inconclusas o sobrevaluadas y pagos irregulares, todo bajo el amparo del poder político. La Cámara de Casación y ahora la Corte coinciden en que fue una ingeniería delictiva prolongada que solo pudo ejecutarse con participación estatal al más alto nivel.

A partir de un informe técnico de 180 páginas elaborado por la Secretaría Penal del tribunal, los magistrados trabajan en sus votos para formalizar el rechazo de los nueve recursos presentados por las defensas. Estos cuestionamientos alegaban arbitrariedades procesales, entre ellas la falta de peritajes sobre todas las obras. Sin embargo, el análisis de la Corte validaría los estudios por muestreo como representativos del conjunto. También respaldaría las conclusiones de que las adjudicaciones fueron manipuladas para beneficiar directamente a Báez, en connivencia con funcionarios nacionales.

Aunque aún no hay fecha exacta de anuncio, todo indica que la Corte optará por no abrir las quejas bajo el criterio del artículo 280, el mismo aplicado en casos anteriores como Ciccone y la Ruta del Dinero K. Si se confirma esta decisión, quedará sellado el camino judicial de una de las figuras más influyentes del país, sin posibilidad de apelar. La sentencia pasaría así a tener plena validez, transformándose en un hito en la historia reciente del vínculo entre poder político y corrupción estructural.