San Miguel elegirá por primera vez a su juez de paz mediante voto popular
Será requisito ser abogado con al menos dos años de experiencia y cinco años de residencia en el municipio.
El municipio correntino de San Miguel vivirá un proceso electoral inédito el próximo 31 de agosto, cuando sus habitantes elijan por primera vez a su juez de paz a través del voto popular. La medida, contemplada en la recientemente redactada Carta Orgánica local, marca un hito en la institucionalidad del municipio, que también estrenará la figura de siete concejales.
"Es novedoso para todos esta elección", afirmó el periodista local Clemente Lencinas en diálogo con Radio Nordeste. "La elección por voto popular del juez de faltas está estipulada en la nueva Carta Orgánica, redactada el año pasado. Hasta ahora, San Miguel contaba con un juez subrogante proveniente de San Luis del Palmar".
Los requisitos para postularse al cargo son claros: los candidatos deben ser abogados con al menos dos años de experiencia profesional y contar con un mínimo de cinco años de residencia en el municipio. La duración del mandato será de seis años.
"Los postulantes tendrán que hacer campaña como cualquier otro candidato político", explicó Lencinas. "Aún no hay nombres definidos, pero se espera que en las próximas semanas comiencen a conocerse".
Aproximadamente 8.000 personas están habilitadas para votar, en un contexto de creciente organización institucional en la región. Según explicó el periodista, la localidad de El Caimán, recientemente municipalizada, no participará de las elecciones ya que permanece bajo intervención y no elegirá autoridades por el momento.
Esta elección se enmarca en una tendencia más amplia de debate sobre la democratización de la justicia. "Cuando se habla de democratizar la justicia, es esto: permitir que la ciudadanía tenga incidencia directa en quienes la administran", señaló uno de los conductores del programa.
Con esta decisión, San Miguel se convierte en pionera dentro de la provincia de Corrientes en implementar un mecanismo de elección directa para un cargo judicial local, un paso que algunos analistas consideran significativo en el fortalecimiento de la participación ciudadana en las instituciones.
