Sabadini pidió elevar a juicio la causa contra "Tito" López y su familia por lavado de dinero, asociación ilícita y fraude

El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó formalmente la elevación parcial a juicio en la causa que tiene como principal imputado al dirigente piquetero Ramón "Tito" López, junto con su núcleo familiar. Se los acusa de conformar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes de defraudaciones contra la administración pública provincial.

Según la acusación, López, su esposa Librada Beatriz Romero y sus hijos David, Walter y Daniel López, adquirieron numerosos bienes inmuebles y vehículos de alto valor, montaron estructuras agropecuarias y se beneficiaron de contratos millonarios a través de tres fundaciones bajo su control: "Dueños de la Raza", "Buen Vivir y Trabajo", y "Construyendo País". Todas estas organizaciones presentaron movimientos financieros incongruentes con sus ingresos declarados y operaron casi exclusivamente con fondos del IAFEP (Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular).

El expediente judicial detalla la adquisición de más de 3.000 hectáreas de tierras fiscales a nombre de distintos integrantes del clan López, muchas de ellas luego transferidas mediante contratos simulados o fideicomisos a privados vinculados. Las investigaciones revelaron una operatoria sostenida de compras, mejoras y posterior simulación de venta de estas tierras, acompañadas por maniobras como el uso de "leasing inmobiliario" y ocultamiento de maquinaria rural en campos vecinos.

También se registraron secuestros de animales, maquinaria agrícola y fuertes sumas de dinero en efectivo, tanto en propiedades urbanas como rurales, durante allanamientos realizados en inmuebles vinculados al grupo, como el establecimiento rural "El Timbó". Parte de ese dinero fue declarado por los imputados en un intento por acogerse al régimen de blanqueo de capitales, planteo que fue rechazado por la justicia.

Además del despliegue económico y patrimonial, se suman indicios de viajes frecuentes al exterior y declaraciones públicas de Tito López sobre su supuesto capital personal, que superaría los 1.600 millones de pesos.

En la causa también se investiga la posible connivencia de exfuncionarios provinciales para facilitar la entrega irregular de tierras fiscales y el otorgamiento de contratos públicos, siendo el ex Instituto de Colonización uno de los organismos más comprometidos.

Con la instrucción considerada completa, la fiscalía federal avanza hacia el juicio oral, en una causa que pone en el centro del debate la relación entre movimientos sociales, fondos públicos y corrupción estructural en el Chaco.