El Gobierno nacional habilitó a los militares a detener civiles en la frontera norte
En el marco del despliegue del Operativo Roca, el Gobierno permitirá que las Fuerzas Armadas detengan en casos de delito flagrante. La medida generó críticas y preocupación.
El Gobierno nacional habilitó a las Fuerzas Armadas a detener civiles en la frontera norte, en el marco del llamado Operativo Roca, que comenzó recientemente en Salta. A través de órdenes reservadas, conocidas como "reglas de empeñamiento", los soldados pueden realizar aprehensiones transitorias de personas sorprendidas en flagrancia cometiendo delitos, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad o a la Justicia. Además, se les autorizó a portar armas de fuego cargadas en situaciones de potencial peligro, estableciendo niveles de apresto según el riesgo.
Estas instrucciones, contenidas en una resolución del ministro de Defensa, Luis Petri, buscan reforzar la presencia militar en zonas críticas, pero su legalidad fue puesta en duda por especialistas y exfuncionarios. Mientras se invoca el respeto a la Constitución y a las leyes vigentes, las fuentes militares consultadas señalaron que las nuevas reglas omiten precisar claramente la cadena de mando y los límites de la intervención militar, aumentando los riesgos de eventuales procesos judiciales contra los efectivos involucrados.
El despliegue, que prevé la movilización de hasta 10.000 soldados en los próximos meses, representa un esfuerzo inédito en volumen para las Fuerzas Armadas, que hoy cuentan con unos 48.000 efectivos en todo el país. Sin embargo, las dificultades presupuestarias, las diferencias salariales entre militares y gendarmes, y la falta de respaldo legislativo alimentan las críticas de la oposición y generan inquietud en las filas castrenses sobre la viabilidad y la cobertura legal del operativo.
No es la primera vez que se intenta un despliegue militar en la frontera para combatir el contrabando y el narcotráfico, aunque las experiencias anteriores durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri no lograron resultados contundentes. En esta oportunidad, las órdenes reservadas incluyen protocolos estrictos para el uso de la fuerza, enfatizando la disuasión y la proporcionalidad, pero prohíben expresamente disparar contra sospechosos que intenten huir, un detalle que busca evitar excesos, aunque no disipa del todo las tensiones jurídicas y políticas que rodean la iniciativa.
