Las provincias compiten por inversiones con rebajas impositivas y regímenes de promoción
Un investigador de la Universidad Austral analizó la ola de beneficios fiscales para la energía, la minería y la industria. Sostiene que la discusión no es cuánto se deja de recaudar, sino qué capacidades productivas quedan en cada territorio.
Las provincias aceleraron en los últimos meses una competencia por atraer inversiones a través de rebajas impositivas, regímenes de promoción y garantías de estabilidad fiscal, con la mirada puesta en el ciclo de proyectos vinculados con la energía, la minería y la industria.
Así lo planteó Horacio Augusto Pereira, investigador senior del Centro de Estrategias Internacionales para Gobiernos (CIG) de la Universidad Austral. En un análisis sobre el tema, señaló que estas medidas expresan algo más que una carrera por reducir la carga tributaria: los gobiernos provinciales buscan capturar una mayor parte del empleo, los proveedores y las capacidades empresariales que se generan alrededor de los grandes proyectos.
Para el especialista, la discusión no debería limitarse a cuánto dejan de recaudar los Estados provinciales, sino a qué capacidades económicas pueden construir a partir de esos incentivos.
Un mapa de beneficios
Catamarca anunció la eliminación de Ingresos Brutos para la actividad industrial. Según explicó el gobernador Raúl Jalil, hoy esa exención rige por leyes especiales y debe tramitarse a pedido de parte; con el cambio, el beneficio pasaría a ser automático y alcanzaría también a las empresas más chicas. La medida todavía depende del tratamiento legislativo y apunta a que la minería impulse etapas de transformación y procesamiento.
La Pampa, a través de su Plan de Integración Productiva, ofrece exenciones de hasta el 100% de los impuestos provinciales alcanzados por el régimen y estabilidad fiscal por quince años. La provincia busca aprovechar su cercanía con Vaca Muerta para atraer actividades de logística, servicios e infraestructura operativa.
Córdoba aprobó una nueva Ley de Promoción Industrial con exenciones generales por diez años, que pueden extenderse hasta quince años en determinadas localizaciones, e incluye beneficios para la incorporación de tecnologías de la Industria 4.0 y la capacitación de trabajadores en PyMEs. Mendoza y Río Negro también exploran esquemas para proyectos de mediana escala.
Neuquén, en tanto, combina beneficios fiscales con exigencias de contratación de mano de obra local.
El caso neuquino y la adicionalidad
En mayo, durante una exposición en Houston, el gobernador Rolando Figueroa defendió el impacto del RIGI comparando su costo con los ingresos esperados. Según sus cálculos, tres proyectos aprobados le costarían a la provincia unos US$ 3,5 millones menos de coparticipación del Impuesto a las Ganancias en cuatro años. En el mismo período, proyectó US$ 726 millones en regalías, US$ 250 millones de Ingresos Brutos y otros US$ 300 millones por la participación de la empresa provincial GyP en dos áreas.
Pereira advirtió que se trata de proyecciones oficiales, no de resultados concretados, y puso el foco en la adicionalidad: cuánto de la inversión se genera efectivamente gracias a los incentivos y cuánto habría ocurrido de todas formas. Sin esa evaluación, sostuvo, resulta difícil determinar si el costo fiscal está justificado.
Además, planteó que el desafío no termina en la extracción. La oportunidad pasa por desarrollar talleres, metalmecánica, logística, mantenimiento, ingeniería y servicios tecnológicos que permitan que el crecimiento tenga efectos más amplios y persistentes sobre la economía local.
Por qué Ingresos Brutos
El investigador explicó que buena parte de estas medidas apuntan a Ingresos Brutos porque es un impuesto acumulativo que grava cada etapa de producción y comercialización sin permitir descontar plenamente lo pagado antes. Su peso es mayor en cadenas de valor extensas, con muchos proveedores y subcontratistas. Sin embargo, aclaró que el efecto no es automático y depende de cada actividad y de que la rebaja se traduzca en más inversión.
Capacidades del Estado
Otro punto que destacó es la capacidad técnica de los gobiernos. Ofrecer una exención es relativamente sencillo; lo complejo es evaluar proyectos, negociar compromisos y monitorear resultados. Por eso, planteó que los incentivos necesitan objetivos verificables que permitan saber cuántos empleos se generaron y qué empresas locales se incorporaron como proveedoras.
También remarcó que las cadenas de valor no reconocen límites administrativos y que la coordinación entre jurisdicciones permitiría construir entramados productivos regionales con mayor escala.
El Chaco, con régimen propio
En la región, el Chaco ya sancionó su propio esquema. El Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) "Chaco Invierte", creado por la Ley 4268-F, contempla beneficios fiscales y financieros y estabilidad tributaria de hasta 30 años, con la creación de empleo registrado como uno de sus requisitos. La ley fue promulgada en octubre y ahora resta su reglamentación para que las empresas puedan acceder a los beneficios.
Durante el debate legislativo, la Federación Económica del Chaco (FECHACO) y la Unión Industrial del Chaco (UICH) pidieron vincular el régimen con el Compre Chaqueño y con políticas de promoción de proveedores locales, en línea con la discusión que hoy atraviesa a todas las provincias.
