El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica
La empresa que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse modificó sus estatutos. El plan contempla incorporar inversores privados y sumar a los trabajadores como accionistas, aunque el Estado conservará la mayoría.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa responsable de operar las tres centrales nucleares del país. A través de un edicto publicado este miércoles 21 de octubre en el Boletín Oficial, se formalizaron modificaciones en los estatutos de la compañía y se estableció un capital social de $6,69 billones, en el marco de la reorganización necesaria para avanzar con la venta de una parte de sus acciones.
El esquema, contemplado en la Ley Bases y autorizado en 2025 mediante el Decreto 695/2025, prevé vender el 44% del paquete accionario en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional, destinar hasta un 5% a un programa de propiedad participada para los trabajadores y mantener el 51% restante en manos del Estado. Actualmente, el capital está distribuido entre el Ministerio de Economía, con el 79%; la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con el 20%, y Energía Argentina (Enarsa), con el 1%. La publicación de hoy no implica que la venta ya se haya concretado: el proceso todavía debe completar las etapas previstas, entre ellas la licitación.
Nucleoeléctrica opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, que en conjunto tienen una potencia instalada de 1.763 megavatios y aportan alrededor del 7% de la energía eléctrica que consume el país. Atucha I permanece fuera de servicio desde septiembre de 2024, cuando comenzaron trabajos para extender su vida útil, y el objetivo oficial es que vuelva al mercado eléctrico en 2027.
Según los argumentos de la Secretaría de Energía, la incorporación de capital privado permitirá ampliar las fuentes de financiamiento, diversificar riesgos y favorecer la continuidad operativa de la empresa. Entre los proyectos que el Gobierno busca financiar figuran la extensión de la vida útil de Atucha I y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), una obra vinculada con la gestión de los combustibles utilizados en la actividad nuclear.
