Emerenciano Sena denunció que no le controlan la glucemia en plena huelga de hambre

Emerenciano Sena cumple este miércoles 62 años detenido en el Complejo Penitenciario N.° 1 y en el tercer día de la huelga de hambre que inició el lunes para reclamar la prisión domiciliaria. En paralelo, el condenado por el crimen de Cecilia Strzyzowski sumó dos nuevos escritos: un hábeas corpus ante la Cámara Segunda en lo Criminal y una nota dirigida al jefe del Servicio Penitenciario Provincial.

La fecha fue recordada en redes sociales con una placa en su apoyo, que lleva su foto y la leyenda "Cumpleaños de Emerenciano", junto a la fecha de nacimiento del 23 de septiembre de 1964. Debajo, el texto cuestiona la sentencia como una "condena sin pruebas contundentes", habla de una "salud en ruina" y plantea si la situación del detenido equivale a "una pena de muerte encubierta".

El hábeas corpus, fechado el 22 de septiembre y escrito a mano, está dirigido a la jueza Dolly Fernández. Allí Sena invoca el artículo 43 de la Constitución Nacional, el artículo 19 de la Constitución provincial, los artículos 13 y 14 de la Ley 23.098 y la ley provincial 4327, y sobre esa base solicita una audiencia ante la magistrada.

En el primer punto del escrito, Sena relata que al momento de redactarlo llevaba 24 horas en huelga de hambre y que no recibía más control que el genérico que se hace al resto de la población del pabellón. Según denunció, no le realizan controles de glucosa ni le proveyeron un glucómetro, y los únicos controles que tuvo fueron en el Hospital Julio C. Perrando, en algunas de las ocasiones en que fue trasladado allí. Agregó que tampoco le consiguieron medicamentos que le recetaron en distintas ocasiones.

En el segundo punto, sostuvo que no lo llevaron al control de otorrinolaringología que estaba programado para la semana pasada, vinculado a los problemas que, según escribió, le costaron la audición del oído derecho. También afirmó que no le gestionaron turnos en traumatología y en diabetes y nutrición, entre otras especialidades. Además, denunció que muchas veces se justificaron esas ausencias con "la alusión de mi falta de voluntad de asistir", algo que calificó como falso.

La segunda nota está dirigida al jefe del Servicio Penitenciario Provincial, en la central de avenida Italia, con el objeto de "informar". En ella, Sena describe una "reiterada situación" en su contexto de encierro, originada en problemas judiciales y agravada, según planteó, por "cuestiones habitacionales irresolutas" con las autoridades de la unidad.

Entre esos reclamos enumeró las condiciones habitacionales, la atención sanitaria, faltas al régimen de progresividad y la calidad de la alimentación, y mencionó puntualmente la comida en mal estado. Sostuvo que se trata de problemas que afectan al total de los internos del Pabellón 5 y a otros detenidos. A la nota adjuntó una copia del hábeas corpus y pidió atención sobre los puntos que dependen del Servicio Penitenciario.

Los nuevos escritos se suman a los que presentó el lunes. En ellos pidió una junta médica integral, la prisión domiciliaria o un traslado a otro sector del penal, con base en el artículo 32 de la Ley 24.660. En esa presentación describió secuelas respiratorias del COVID-19, una diabetes que requirió incorporar insulina, hipertensión, problemas cardíacos y gastrointestinales, y pérdida de audición y de visión. También mencionó una internación en terapia intensiva en el Perrando el 3 y 4 de julio.

No es el primer reclamo de este tipo: en mayo ya había presentado un hábeas corpus ante la misma jueza, en el que cuestionó sus condiciones de detención y sostuvo que los cambios en la dieta del penal agravaban sus problemas de salud. Además, Sena ya había realizado huelgas de hambre en 2023 y en 2025, aunque en esas ocasiones por otros motivos.

Sena fue condenado a prisión perpetua el 10 de febrero como partícipe primario del homicidio agravado de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023 en Resistencia, junto a su hijo César Sena, autor del crimen, y a Marcela Acuña. La sentencia fue dictada por la jueza Dolly Fernández tras el veredicto de un jurado popular y aún no quedó firme por las apelaciones que presentaron las defensas.