Freno judicial al petróleo offshore britanico en la Cuenca Malvinas Norte
El fallo judicial exige la preservación de documentación técnica y societaria a las corporaciones petroleras, al tiempo que ratifica la tutela sobre los derechos soberanos del país en el Atlántico Sur. En paralelo, la Justicia penal de Comodoro Py avanza con investigaciones contra las firmas involucradas.
La Justicia Federal de Río Grande ordenó este miércoles la suspensión inmediata del proyecto hidrocarburífero offshore Sea Lion, localizado en la Cuenca Malvinas Norte. La medida cautelar, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, exige a las firmas petroleras extranjeras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de ejecutar perforaciones, tendidos submarinos y tareas de extracción en la zona hasta tanto se someta la propuesta a una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas.
La resolución judicial se dio en respuesta a la presentación formulada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). La magistrada aplicó los principios preventivo y precautorio contemplados en la Ley General del Ambiente N° 25.675, advirtiendo sobre eventuales riesgos como la alteración del lecho marino, contaminación por productos químicos, ruido submarino y derrames en áreas de alta vulnerabilidad ecológica.
Junto con el cese preventivo de las obras y de la instalación de infraestructura en el lecho y subsuelo marino, el juzgado intimó a las compañías a presentar en un plazo de diez días hábiles una declaración jurada pormenorizada sobre la iniciativa. Asimismo, la sentencia dispuso la preservación integral de la totalidad de la documentación contractual, societaria y técnica referida al emprendimiento, a fin de evitar la pérdida de material relevante para el proceso.
De forma paralela al fuero civil y ambiental, la causa tomó impulso en el ámbito penal a través del Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py, tras denuncias promovidas por la Cancillería y la Procuración del Tesoro. Con este conjunto de acciones, la Argentina ratifica la tutela de sus derechos soberanos en el Atlántico Sur y eleva la presión legal sobre las empresas que operan en la plataforma continental bajo autorizaciones ilegítimas.
