Presupuesto 2027: un plan optimista para la macro que deja poco margen a las provincias

El Presupuesto 2027 que el Gobierno nacional envió el martes al Congreso es, antes que nada, un presupuesto optimista. Parte de la base de que el panorama económico va a mejorar y, a partir de ahí, arma un escenario de crecimiento sostenido. Pero a diferencia de lo que vimos hace un año, cuando se presentó el proyecto para este 2026 con una inflación proyectada del 10% que todos sabíamos, de entrada, que era imposible de cumplir, esta vez las pautas son bastante más realistas y más cumplibles en el contexto que estamos atravesando.

El número que más discusión generó es el de la inflación: 18% interanual a diciembre de 2027, una reducción fuerte respecto del 29% con el que va a cerrar este año, en línea con lo que espera el propio mercado. Ese 18% es la variación de punta a punta; si uno promedia los doce meses del año, el número sube a 21%, porque se arranca desde un piso más alto y se va bajando mes a mes. A eso se le suma una proyección de crecimiento del PBI del 4%, algo superior al 3% que se estima para este año, y cuentas públicas otra vez en equilibrio, con superávit por cuarto año consecutivo.

Para llegar a ese resultado, el Gobierno apuesta a que el consumo privado crezca en torno al 3,4%, lo que sería el tercer año seguido de recuperación, mientras que el consumo público va a seguir retraído, algo que también habla del nivel de inversión pública que el Estado está dispuesto a sostener. La inversión, tanto pública como privada, recuperaría terreno el año que viene, pero desde un piso muy bajo, porque este año caería cerca de un 3%. Lo más alentador pasa por el frente externo: se proyecta un crecimiento de las exportaciones y una balanza comercial con un superávit cercano a los 15.000 millones de dólares, lo que refuerza la disponibilidad de dólares para sostener la estabilidad macroeconómica.

Ahora bien, hacia adentro, hacia las provincias, empieza la parte más pálida del presupuesto. Por un lado, el Gobierno estima que la mejora de la actividad va a traer más recaudación tributaria: se proyecta un crecimiento nominal cercano al 30%, contra una inflación de alrededor del 20%, es decir, con crecimiento real. Eso debería traducirse en una mejor dinámica de la coparticipación automática, que podría crecer un 7% real el año que viene, recuperándose de un 2026 flojo y de un 2025 que ya venía golpeado. Es, en principio, una buena noticia para las provincias, que vienen con las cuentas apretadas.

El problema aparece del lado de la voluntad política, no de la dinámica económica. Las transferencias no automáticas, las discrecionales, caerían casi 2% real respecto de este año. Y dentro de esas transferencias, las que financian obra pública —las de capital— caerían un 20%, es decir, habría menos apoyo financiero directo para que las provincias ejecuten obras. A eso se suma que los proyectos que financia directamente la Nación en las provincias muestran una caída chica, casi estable respecto de este año, pero sobre volúmenes que ya son históricamente bajos desde el recorte fuerte de 2024.

Ahí es donde las provincias del NEA quedan relegadas. Chaco tiene asignados unos 10.000 millones de pesos, en su mayoría para obras de mantenimiento vial, cuando otras provincias como Río Negro tienen 30.000 millones, Salta 127.000 millones o Catamarca 20.000 millones. En paralelo, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que sirven para asistencia de emergencia y no solo para obra pública, no tienen una expansión prevista para el año que viene: en moneda constante, seguirían en el mismo nivel que hoy.

Con todo esto en la mesa, mi lectura es que el Presupuesto 2027 está pensado para sostener la macroeconomía, no la microeconomía. Esa distinción la hacemos nosotros, los analistas; el Gobierno, en cambio, la niega, porque entiende que es un mismo proceso y no dos cuestiones separadas. Lo cierto es que la apuesta oficial pasa por estabilizar variables como el tipo de cambio y la inflación, y confiar en que esa estabilización, sumada a una mejora moderada de la inversión, termine derramando sobre la economía cotidiana. Fuera de eso, no hay una definición concreta de estímulo directo al consumo.

En estas horas, el rol de Diego Santilli, jefe de Gabinete, va a ser determinante. Esta semana ya recibe a los gobernadores de Catamarca, Corrientes —Juan Pablo Valdés—, Salta y Tucumán, y el jueves es el turno de Leandro Zdero, gobernador de Chaco. Pero conviene tomar esas reuniones con cierta reserva: el presupuesto no funciona como una hoja de ruta de la negociación. Hay una expresión que circula entre quienes pasaron por el Congreso: las "planillas de la felicidad", esas obras que un gobernador logra incluir en el presupuesto y con las que vuelve a su provincia como un logro, pero que después, año tras año, nunca terminan de ejecutarse. Lo que de verdad van a pelear los gobernadores no es más obra anunciada, sino fondos frescos: liquidez para pagar salarios, sostener programas propios o, si hace falta, financiar obra con billetera provincial. Y ese pedido va a pesar, porque el Gobierno necesita a las provincias para sumar los votos que le faltan en el Congreso.

Por último, sobre si el número de inflación es creíble: creo que sí, más que el del año pasado. Dos motivos lo explican. Primero, buena parte del ajuste de precios regulados, como tarifas, ya se hizo este año, así que queda menos margen de aumento por delante. Segundo, en año electoral, con el tipo de cambio relativamente estable, es esperable que el Gobierno no insista con subas adicionales, por ejemplo en los impuestos que afectan a los combustibles, para no convalidar más inflación. No es un presupuesto sin desafíos, pero es bastante más cumplible que el que discutíamos hace exactamente un año.