Procesaron a dos exfuncionarias por la causa que ya vincula 90 muertes

La Justicia procesó a dos exfuncionarias de los organismos encargados de controlar los medicamentos en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que ya fue vinculado con la muerte de 90 pacientes.

La resolución fue dictada por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y alcanzó a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

Ambas fueron consideradas, en principio, partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales. La causa también registra lesiones gravísimas en al menos dos personas, lesiones graves en otras 41 y lesiones leves en otros pacientes.

Embargos millonarios y seguirán en libertad

Kreplak dispuso un embargo de $500.000 millones para cada una, además de la inhibición general de sus bienes.

Sin embargo, las dos continuarán en libertad. La Justicia les impuso restricciones: no podrán salir del país, deberán presentarse una vez por mes ante la Policía Federal, entregar sus documentos de viaje y evitar el contacto con personas vinculadas a la ANMAT y al INAME.

La lupa está puesta sobre los organismos de control

La resolución judicial reconstruyó una serie de demoras y presuntas omisiones en los organismos que debían controlar a los laboratorios que elaboraron y comercializaron el fentanilo contaminado.

La investigación ya había detectado fallas graves en los mecanismos de regulación, fiscalización y vigilancia sanitaria de la ANMAT y el INAME. Un informe oficial había señalado deficiencias en el ejercicio de esas funciones respecto de los laboratorios involucrados.

En paralelo, la Justicia investiga si existió algún tipo de connivencia entre los responsables de los laboratorios y los funcionarios encargados de supervisarlos.

El ministro de Salud no fue responsabilizado penalmente

En la misma resolución, el juez Kreplak consideró que no existen por ahora elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal al ministro de Salud.

Según el análisis judicial, las decisiones adoptadas desde la cartera sanitaria estaban orientadas a impedir que las empresas involucradas continuaran operando y no a favorecer su funcionamiento.

La investigación continuará ahora sobre las responsabilidades individuales de funcionarios y empresarios involucrados en una causa que tiene como principal consecuencia una cifra que dimensiona su gravedad: 90 muertes vinculadas hasta el momento al fentanilo contaminado.