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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
JUDICIALES

Detuvieron a las dos ex funcionarias que debían controlar los laboratorios del fentanilo contaminado

La Justicia detuvo a Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, acusadas de conocer las irregularidades de los laboratorios que fabricaron el fentanilo vinculado a 90 muertes y no haber actuado a tiempo. Hoy declaran ante el juez Ernesto Kreplak.

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La Justicia federal detuvo a las dos ex funcionarias que estaban a cargo de controlar los laboratorios que produjeron el fentanilo contaminado vinculado a la muerte de 90 pacientes. Se trata de Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas permanecen alojadas en una dependencia de la Policía de la Ciudad y este miércoles son trasladadas a los tribunales federales de La Plata, donde el juez Ernesto Kreplak les tomará declaración indagatoria.

El pedido de detención partió de la fiscal federal María Laura Roteta, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, junto con Sergio Leonardo Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Según el dictamen que fundamenta la medida, de 192 fojas, las dos ex funcionarias conocían el riesgo sanitario que representaban los productos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo y no adoptaron medidas para frenar su circulación.

El Ministerio Público Fiscal propuso encuadrar la conducta atribuida a ambas, en relación con el lote de fentanilo N°31.202, en el artículo 201 bis del Código Penal —envenenamiento o adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte o lesiones, con penas de entre 10 y 25 años de prisión— y, respecto del lote N°31.244, en el artículo 200, en concurso real. La fiscalía dejó abierta además la posibilidad de encuadrar los hechos en el artículo 80, inciso 5°, que prevé el homicidio agravado por el uso de un medio idóneo para crear un peligro común.

El dictamen recurre al concepto de "manto de cobertura estatal" para explicar por qué HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, controlados por la familia García, pudieron seguir produciendo pese a un historial de incumplimientos. Según la reconstrucción fiscal, una inspección realizada en noviembre de 2024 detectó irregularidades estructurales en una línea de producción de Laboratorios Ramallo y el propio laboratorio fue notificado de que no podía seguir elaborando productos hasta subsanarlas. Sin embargo, la carta de advertencia que formalizó esa prohibición recién se firmó el 10 de febrero de 2025, varias semanas después de que el lote contaminado ya circulara en el mercado.

Un punto central de la acusación es una reunión realizada el 14 de enero de 2025 en la sede de la ANMAT, en avenida de Mayo al 800 de la Ciudad de Buenos Aires, de la que participaron representantes de HLB Pharma —entre ellos Ariel García Furfaro— y, por el lado del Estado, Bisio y Mantecón Fumadó. En su declaración testimonial, Bisio reconoció que el encuentro "fue acalorado" y que se discutieron los hallazgos de la inspección de noviembre. Pese a eso, sostiene el dictamen, ninguna de las dos habría tomado luego medidas preventivas sobre los productos que HLB ya distribuía.

La fiscalía también reconstruyó parte de la causa a partir de mensajes extraídos de los teléfonos celulares de las investigadas. El 15 de abril de 2025, Bisio le escribió a Mantecón Fumadó para consultarle por reportes de eventos adversos en anestesia raquídea recibidos por la Organización Panamericana de la Salud. En ese intercambio, Bisio calificó la situación como de "mucha gravedad" y le pidió a su subordinada: "hay q ser cuidadosos". Esa conversación se dio un día después de que la responsable del Programa Argentino de Reporte y Gestión de Incidentes en Anestesia alertara a la ANMAT sobre 16 casos confirmados de irritación meníngea vinculados, entre otros productos, al fentanilo HLB del lote 31.202. El 26 de abril, esa alerta fue elevada con nivel de criticidad "crítico" y prioridad "alta".

Según audios incorporados al expediente y atribuidos al entorno de HLB Pharma, García Furfaro habría dado instrucciones expresas de no iniciar el retiro del mercado de los productos pese a que ya existía una orden de recall desde fines de febrero de 2025. En uno de esos registros, un interlocutor identificado como Antonio sostiene: "no lo vamos a empezar porque Ariel no lo quiere empezar". Otro audio da cuenta de que un directivo de la empresa habría sido anticipado por Mantecón Fumadó sobre la fecha exacta en que el INAME iba a inspeccionar la planta.

El dictamen dedica un tramo a la eliminación de pruebas. Según los peritajes incorporados, Mantecón Fumadó borró el 14 de julio de 2025 todos los chats de WhatsApp de su celular y luego habría intentado, sin éxito, recuperarlos con asistencia de un especialista informático. Otra conversación considerada relevante por la fiscalía tampoco pudo ser hallada en el teléfono de una directiva de Laboratorios Ramallo.

El 5 de mayo de 2025, primer día hábil tras un fin de semana largo, se realizó una reunión en el despacho de Mantecón Fumadó en la que, según consta en el expediente, se puso en conocimiento de las máximas autoridades un reporte del Hospital Italiano de La Plata sobre un brote de bacterias multirresistentes en pacientes que habían recibido fentanilo HLB. Ese mismo día, personal de Laboratorios Ramallo analizó sus propias contramuestras y llegó a la misma conclusión: según chats hallados en el teléfono del jefe de Control de Calidad de la empresa, un integrante de un grupo interno de WhatsApp informó al día siguiente que el producto "dio mal".

Bisio dejó su cargo en enero de este año, cuando el Gobierno oficializó su renuncia mediante el Decreto 3/2026; Mantecón Fumadó había sido apartada de manera preventiva del INAME en agosto de 2025. Ambas se suman como las dos únicas personas vinculadas a la causa por fuera de los responsables directos de los laboratorios que elaboraron y distribuyeron el fentanilo contaminado, once de los cuales ya se encuentran procesados. La Justicia recuerda que rige la presunción de inocencia mientras avanza la instrucción.

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