Denuncian que el plan ambiental en el Iberá vació de producción a Corrientes

A dos décadas de la finalización del programa internacional liderado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el empresario estadounidense Douglas Tompkins a través de Conservation Land Trust, referentes del campo correntino denunciaron las graves secuelas económicas del denominado "Plan de manejo y conservación de la biodiversidad en los humedales del Iberá". La iniciativa, surgida en 2002 para retirar tierras de manos privadas, derivó con los años en la cesión de jurisdicción al Estado Nacional y la posterior sanción de la Ley 27.481 a fines de 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, consolidando la creación del Parque Nacional Iberá con cerca de 200 mil hectáreas.

La médica veterinaria y empresaria agropecuaria Ana Moulin, una de las fundadoras de la desaparecida ONG Iberá Patrimonio de los Correntinos, cuestionó duramente la intromisión externa en la provincia y graficó con dramatismo el costo territorial de la medida. "Corrientes perdió el Iberá, una porción clave de su territorio. El mapa de Corrientes habría que graficarlo con un agujero en el medio", aseveró la activista, al recordar la frustrada lucha institucional que encabezaron profesionales y técnicos locales cuando comprendieron que el objetivo central de las entidades ambientalistas era paralizar la actividad productiva.

Según el detallado diagnóstico de Moulin, los planes de manejo impuestos ahogaron la economía de la zona mediante regulaciones impracticables. En localidades como Colonia Pellegrini, las fuertes campañas de oposición y la presión mediática provocaron el cierre definitivo de históricas explotaciones arroceras. A su vez, las familias ganaderas sufrieron severas limitaciones en la carga animal que tornaron inviable la cría bovina, sumado a la prohibición estricta de instalar molinos o tender cañerías para extraer agua de las lagunas sin autorizaciones especiales.

Las consecuencias de la "implosión" productiva se reflejan en los datos oficiales: entre 2007 y 2025, el stock bovino en Corrientes cayó casi un 20%, una cifra sustancialmente más pronunciada que la baja del 13% registrada a nivel nacional. Al respecto, Moulin remarcó la diferencia entre los inversores extranjeros que generan empleo y aquellos que restringen el desarrollo: "A nosotros no nos interesa la nacionalidad de los inversores si vienen a producir, pero el caso de Tompkins fue diferente porque llegó con la intención explícita de restringir la producción y lo terminó logrando en zonas estratégicas de agua dulce".

Asimismo, la referente destrozó el argumento que prometía sustituir el aparato agropecuario por un "boom" turístico de derrame social masivo en las comunidades. Moulin criticó que los habitantes originarios no accedieron a las oportunidades prometidas, señalando que en Colonia Pellegrini no hay guías turísticos nativos bilingües y que la salida laboral quedó reducida a empleos precarizados de mucamas y jardineros, lejos del relato institucional que presenta al área protegida como un motor de desarrollo.

De cara al futuro, la dirigenta remarcó que si bien el territorio cedido a la Nación ya resulta irrecuperable, el Gobierno provincial tiene la responsabilidad de volver a impulsar las actividades productivas en el resto de la jurisdicción. Moulin sentenció que el proceso impulsado por el conservacionismo internacional no dejó ningún beneficio real para los correntinos, alertando sobre los riesgos de ceder la soberanía de los recursos hídricos en nombre del ambientalismo.

Fuente: Bichos de Campo