"Es una espera eterna": el reclamo de los trabajadores de exen gym tras presentar la cautelar

Los trabajadores de la cadena de gimnasios Exen Gym, a través de su representante legal, presentaron una medida cautelar autónoma ante el Juzgado Federal N°1 de Resistencia para pedir la reapertura de tres de sus sucursales bajo un esquema de intervención judicial. La presentación se hizo el miércoles, dos días después de que una delegación de empleados se reuniera con la jueza federal Zunilda Niremperger para plantear una posible salida a la situación laboral que atraviesan desde el cierre de los locales.

El escrito fue elaborado por el abogado Ignacio Sinkovich, quien explicó a N9 que el objetivo es lograr la intervención judicial sobre una de las cuatro sociedades investigadas en la causa por presunto lavado de dinero, la que tiene a su cargo las sucursales de avenida Arturo Illia, avenida Las Heras y Santiago del Estero. Según el letrado, esas tres sedes son las únicas donde, hasta el momento de la reunión del martes, el equipamiento no había sido retirado por completo, a diferencia de lo ocurrido en otras sucursales de Corrientes y Barranqueras.

El pedido lleva la firma de cerca de 40 de los 70 trabajadores de esas tres sucursales, aunque Sinkovich remarcó que la situación afecta en conjunto a casi 80 familias entre todas las sedes de la cadena. "La jueza tiene en sus manos el destino de estas personas", afirmó el abogado, y agregó que "no saben los trabajadores cómo pagar las cuentas el mes que viene".

La medida propone que la administración de la sociedad quede a cargo de un empleado de la propia empresa, contador público, que ya se ocupaba de la liquidación de sueldos y de las gestiones bancarias. A la par, se solicitan dos veedores públicos: uno propuesto por el ARCA, en su carácter de eventual damnificado fiscal por el delito de lavado de activos, y otro por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo del Chaco, a través de la Secretaría de Empleo, con el objetivo de resguardar los derechos de los trabajadores.

Entre los propios empleados alcanzaron además un acuerdo interno para pasar de siete a tres sucursales operativas en caso de que la medida prospere, y repartir equitativamente entre todos la carga horaria disponible. "Es una solución para los empleados, pero también es mantener el valor de la propia empresa", sostuvo Sinkovich, quien remarcó que, en caso de una eventual condena, los bienes de la firma podrían ser objeto de decomiso y perderían valor si los locales permanecen cerrados.

El abogado citó dos antecedentes para fundamentar el pedido. Uno es el de Pimp S.A., la empresa que prestaba el servicio de recolección de residuos en Resistencia y que también fue investigada por lavado de activos: en ese caso la Justicia dispuso un veedor para que la firma siguiera operando, dado que se trataba de un servicio público. El otro es el de Megamundo, la cadena de comercios del empresario Cristino Villalba, donde una medida cautelar de los propios trabajadores permitió mantener los locales abiertos pese a la investigación. Sinkovich diferenció ambos antecedentes del caso Exen, ya que en esta causa fue directamente el circuito de las sucursales el que quedó bajo sospecha por el presunto origen del dinero utilizado para instalarlas.

Consultado sobre el secuestro del equipamiento, el abogado remarcó que el principio de inocencia consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional rige para los imputados hasta que exista una sentencia firme, y que la intervención judicial no interferiría con la investigación, sino que permitiría preservar el valor de los bienes mientras la causa avanza. También pidió que se levante el embargo sobre las cuentas de la sociedad que administraría las tres sucursales de Resistencia, mientras que las cuentas de las sociedades vinculadas a Corrientes y al interior de la provincia seguirían bajo las medidas cautelares vigentes.

Sobre los próximos pasos, el abogado explicó que la jueza deberá dar intervención al fiscal a cargo de la causa para que emita un dictamen antes de resolver el planteo. "Es una espera eterna", señaló, y pidió una definición rápida de la Justicia, sea favorable o no, para que los trabajadores puedan salir de la incertidumbre. "No saben si tienen que salir a buscar trabajo o si tienen que volver acá", cerró.