El Gobierno oficializó el plan de ampliación eléctrica con financiamiento privado

El Gobierno nacional presentó un plan de obras para ampliar la red de transporte eléctrico financiado con capital privado, que contempla 16 proyectos distribuidos en todo el país y cuya primera licitación estará destinada al Área Metropolitana de Buenos Aires. El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que se trata del proceso que permitirá resolver de fondo el problema de los cortes de luz.

La primera obra en salir a licitación será AMBA I, valuada en unos 800 millones de dólares y financiada íntegramente por el sector privado. El proyecto incluye una nueva línea de 500 kV de 270 kilómetros de extensión y una estación transformadora en Plomer, provincia de Buenos Aires, un nodo pensado para reforzar el anillo energético del conurbano. La adjudicación inicial se espera para el primer semestre de 2027.

El foco en el AMBA responde a su peso en el consumo nacional: la región concentra cerca del 40% de la demanda eléctrica del país, por lo que cualquier restricción en el transporte hacia esa zona repercute sobre la confiabilidad de todo el sistema.

AMBA I es apenas la punta de lanza de un programa más amplio. De los 16 proyectos totales, 12 corresponden a provincias del interior: Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Tierra del Fuego, Tucumán, San Juan, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Salta, Jujuy y Formosa. Esta última es, por el momento, la única provincia del NEA incluida en el cronograma difundido; Chaco y Corrientes no figuran en esta primera etapa de licitaciones.

Una vez completado el plan, el sistema sumará más de 5.600 kilómetros de nuevas líneas de transporte, lo que equivale a un incremento del 38% respecto de la red actual.

Sobre el financiamiento, el Gobierno remarcó que la obra se solventará con capital privado, aunque CAMMESA aportará unos 100 millones de dólares para que la empresa ganadora pueda arrancar los trabajos desde el primer año. La mitad de ese aporte será en transformadores y la otra mitad en efectivo, con carácter no reembolsable y con origen en la Cuenta de Exportaciones de CAMMESA, integrada con fondos de la venta de energía a países vecinos. El Tesoro nacional no participará del financiamiento.

El proyecto contará además con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo —que en anuncios previos del área energética se había cifrado en 200 millones de dólares— y la empresa adjudicataria podrá solicitar su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de mejorar las condiciones de financiamiento del proyecto.

Desde el Gobierno sostuvieron que, tras años de desinversión en el sector, la política energética pasa de la planificación a la ejecución mediante un esquema de reglas claras y capital privado, sin comprometer fondos del Tesoro. El próximo paso será la apertura formal del proceso licitatorio de AMBA I y la selección del adjudicatario.