La querella denunció una presunta manipulación de evidencia genética a un año del crimen

A casi un año del femicidio de Leonela Giménez, la causa atraviesa una nueva instancia por graves denuncias de alteración de pruebas de ADN que debían ser analizadas por el laboratorio forense. La querella de la familia de la víctima, representada por la abogada penalista Adriana Molina, confirmó que se formó un incidente a cargo del fiscal César Collado para determinar las responsabilidades penales e institucionales por la presunta manipulación de las muestras.

Según la letrada, los elementos de prueba llegaron alterados al laboratorio, lo que descartaría la hipótesis de un error en el manejo del material. "Esta cuestión de la alteración del ADN es una cuestión que no se puede dejar pasar por alto", expresó Molina en diálogo con N9, y la calificó como "una cuestión asombrosa, atípica e ilícita". La abogada fue categórica al sostener que no se trató de una falla involuntaria: "No es un error humano, no puede ser un error humano".

La semana próxima el fiscal citaría a declarar a profesionales de la Oficina Judicial de la Segunda Circunscripción y a una empleada del organismo. La querellante recordó que ya existe un sumario administrativo contra un agente judicial, pero advirtió que ese tipo de procedimiento suele quedar en un mero apercibimiento y reclamó que, de comprobarse la maniobra, los responsables sean imputados penalmente.

Molina ratificó que el caso avanzará hacia la elevación a juicio pese al planteo. "El crimen perfecto no existe, se va a hacer justicia", afirmó, y estimó que el requerimiento podría concretarse antes del receso judicial. Los dos imputados continúan detenidos, con prisión preventiva y bajo una carátula de homicidio doblemente agravado en contexto de violencia de género.

El femicidio de Giménez, de 25 años y madre de dos hijos, ocurrió a fines de junio del año pasado: su cuerpo fue hallado a la vera de la Ruta Nacional N° 95, en un camino rural de Sáenz Peña, con una herida de arma de fuego. Por el hecho fueron detenidos un comerciante y un vendedor de autos, vistos junto a la joven horas antes del crimen.

En el tramo final de la entrevista, la querellante denunció presiones sobre el entorno de la víctima. Según relató, una persona que se habría presentado como familiar de uno de los imputados habría intentado contactar a allegados de Leonela a través de una autoridad de Villa Berthet para ofrecer asistencia económica a la familia, un ofrecimiento que fue rechazado.