Víctor Ruiz Díaz ampliará su denuncia por la BCCH: "Ya hay elementos más fuertes que la mera sospecha"

El caso de la Bolsa de Comercio del Chaco sumó un nuevo capítulo a partir de la difusión de audios vinculados a presuntas operaciones financieras realizadas sin la autorización correspondiente. En uno de los registros, un hombre que se dirige a un inversor le solicita que envíe un correo electrónico para respaldar una operación ya ejecutada: "Como en la auditoría nosotros dijimos que la compra fue autorizada telefónicamente, nos piden la grabación. ". La conversación encendió nuevas alarmas sobre los mecanismos de validación utilizados dentro de la entidad.

En el primer registro de audio, un hombre que sería R.V. se dirige a un inversor e invoca el nombre de "Julio", en presunta referencia a Julio Barrios Cima, uno de los nombres que ya aparece vinculado al expediente. En ese tramo del mensaje, se escucha: "Me podés mandar a mí un mail aprobando la operación de compra de cheques y pagaré de esa fecha. La verdad que a Julio lo están pegando por todos lados y obviamente a la Bolsa también. Y justamente de eso nos está faltando para la auditoría". Para los denunciantes, esa frase es clave porque no solo expone el pedido de una autorización posterior, sino que además ubica la conversación en un contexto de presión interna por responder ante una auditoría.

En diálogo con N9, Víctor Ruiz Díaz, abogado y socio de la BCCH, sostuvo que esos audios representan un elemento de peso dentro del expediente que tramita en el fuero federal. "Es un elemento muy importante porque uno tiene sospechas, que fue lo que en un comienzo motivó mi primera denuncia, y ahora ya hay elementos que van más allá de la mera sospecha", afirmó. En esa línea, señaló que será necesario realizar un reconocimiento de voz para determinar técnicamente si el emisor del mensaje corresponde a la persona señalada en la causa.

El punto central, según Ruiz Díaz, está en que el mercado exige mecanismos previos de autorización para validar este tipo de movimientos: una grabación telefónica de la orden, un correo electrónico anterior del inversor o un token o ID electrónico de la operación. Por eso, el pedido de un correo posterior aparece como un dato sensible. "Hay que verificar la autenticidad de la orden previamente, no posteriormente. No después de los hechos venir a pedir una validación posterior. Esto se hace antes de dar curso", remarcó el abogado. Para el letrado, esa secuencia puede revelar fallas graves en los controles de cumplimiento regulatorio y en los procedimientos internos de autorización.

Ruiz Díaz explicó que, de comprobarse técnicamente la autoría de la voz, la prueba podría aportar mayor fuerza al planteo judicial sobre eventuales fallas en los controles internos, las políticas de cumplimiento regulatorio y los procedimientos de conocimiento del cliente. "Fallaron los controles de cumplimiento regulatorio. Fallaron las políticas de conozca a su cliente", sostuvo. También advirtió que si entre los inversores involucrados había una persona expuesta políticamente, los controles debían ser todavía más estrictos: "No es que no pueda hacer inversiones, pero se robustecen, se refuerzan, se intensifican los controles".

El abogado también hizo foco en la posible existencia de un modus operandi dentro de la institución. Para Ruiz Díaz, la investigación deberá determinar si se trató de un error aislado o si existía una práctica habitual de operar con controles relajados. "Hay que ver cómo se manejaban y si esto fue un error en una operación o si era costumbre de la institución manejarse con controles relajados o con falta de cumplimiento", indicó. Además, diferenció los niveles de responsabilidad dentro de la entidad: el consejo directivo define políticas y debe controlar su cumplimiento, mientras que la gerencia se ubica en el plano ejecutivo y operativo. En ese marco, insistió en que la prueba no debe analizarse de manera aislada, sino dentro de todo el plexo probatorio.

Por último, Ruiz Díaz confirmó que prepara una ampliación de denuncia en la causa federal. El abogado adelantó que incorporará los audios y pedirá que se realice una pericia técnica sobre la voz registrada. También cuestionó el acuerdo entre la Bolsa de Comercio del Chaco y la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que ya recibió un primer pago de $50 millones. "Si la Bolsa dice que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, ¿cómo explican el acuerdo con el municipio y el primer pago que se hizo esta semana?", planteó. Para el letrado, existen contradicciones que deben ser despejadas por la Justicia: "Si yo a usted no le debo nada, ¿cómo justifico que yo a usted le haga un pago?".