"Solo en el hospital de Quitilipi atendió a 1232 personas en la guardia", confirmó el fiscal Soto

La fiscalía N° 3 a cargo de Marcelo Soto sigue acumulando elementos contra Lidia Ojeda, la mujer acusada de hacerse pasar por médica en hospitales públicos del Chaco. En los últimos días ingresaron tres nuevas denuncias que complican su situación procesal: dos por muertes presuntamente vinculadas a su intervención y una tercera por la amputación de la pierna de un joven que también habría sido atendido por ella.

Según los registros que ya están en poder del fiscal, Ojeda ejerció ilegalmente la medicina desde mayo de 2025 hasta los primeros días de abril de 2026. La cifra de pacientes atendidos durante ese período sorprende incluso a los propios investigadores: "Solo en el hospital de Quitilipi atendió en la guardia a exactamente 1.232 personas", precisó Soto a N9. El número corresponde a un único centro de salud, mientras la pesquisa avanza para determinar el alcance en el resto del sistema sanitario provincial.

La mujer ya había sido imputada la semana pasada por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y homicidio con dolo eventual. La última figura penal corresponde a la causa por la muerte de Lorenzo Blanco, un hecho ocurrido el 21 de diciembre de 2025 que derivó en autopsia y en una batería de medidas que terminaron con la intimación a la imputada. El defensor de Ojeda calificó la acusación como infundada, postura que el fiscal devolvió con sequedad: "Son dichos de la defensa, ellos están defendiendo a la persona; yo me baso en las pruebas que están colectadas en la causa".

La Fiscalía también requirió informes al hospital de Pampa del Infierno y trabaja en paralelo con la Fiscalía de Castelli, que tiene jurisdicción sobre Tres Isletas, donde la mujer también habría prestado servicios. A los hospitales se suma otra faceta de su actividad: en Sáenz Peña y en Tres Isletas se desempeñó como cuidadora y enfermera particular a domicilio, según los testimonios que viene recolectando la pesquisa. Esta semana están previstas nuevas audiencias para tomar declaración a los denunciantes y avanzar con los informes de los distintos centros asistenciales.

Por estas horas, Ojeda permanece privada de su libertad en una comisaría de Sáenz Peña. Los términos del artículo 90, que rigen el plazo para definir su situación procesal, empezaron a correr el martes pasado. "Recién hoy estamos por el cuarto día y restarían todavía seis días hábiles más para resolver la situación de ella", explicó el fiscal. Cuando se cumpla ese plazo, Soto deberá decidir si dicta la prisión preventiva con el material probatorio reunido hasta entonces.