"Esto es la punta del iceberg": el abogado de las víctimas de la falsa médica denunció una cadena de muertes y mala praxis

El abogado Daniel Acosta, representante legal de varias familias damnificadas por la atención de la falsa médica Lidia Ojeda, presentó esta semana una serie de denuncias penales que dan cuenta de una cadena de muertes y lesiones gravísimas atribuidas a la mujer que ejerció sin matrícula en hospitales públicos del interior chaqueño. Los casos incluyen tres víctimas fatales, un joven de 26 años que perdió una pierna y el episodio de una mujer con un embarazo avanzado que habría perdido a su bebé.

El cuadro más reciente involucra a un joven de Quitilipí que sufrió un accidente doméstico con un hierro y se presentó en la guardia del hospital local. Según relató Acosta, allí lo atendió Ojeda durante cuatro días seguidos: le hicieron curaciones externas, le indicaron antiinflamatorios y lo enviaban de regreso a su casa cada seis horas. Ni siquiera, dijo el abogado, le aplicaron la vacuna antitetánica. Recién cuando otra profesional lo revisó y advirtió la gravedad del cuadro, fue derivado de urgencia al Hospital 4 de Junio, de Sáenz Peña.

El paciente estuvo treinta días internado y atravesó cinco intervenciones quirúrgicas. En la primera se intentó retirar tejido muerto; cuando la infección no cedió, debieron amputarle la pierna. En las últimas horas fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando de Resistencia, a pedido de su familia. "La salud pública hizo que mi hermano esté en peligro de vida. Yo quiero que la salud pública se haga cargo de mi hermano y haga el traslado correspondiente porque acá no está evolucionando", citó Acosta como el razonamiento de la hermana del joven para forzar la derivación.

Las denuncias por víctimas fatales ya ingresaron a Fiscalía. Se trata de los fallecimientos de Lorenzo Blanco y García, y en las próximas horas se sumará la denuncia por la muerte de Germán Luque. La presentación correspondiente al joven amputado quedará formalizada cuando regresen sus familiares desde Resistencia. "Estamos ante una desidia estatal que mata. Las familias no buscan solo una compensación, buscan que nadie más tenga que pasar por el dolor de perder a un ser querido por la falta de una gasa o de un médico", planteó el abogado.

A los expedientes en marcha se suma un caso que, según Acosta, conoció de manera informal en las últimas horas: el de una mujer con un embarazo de ocho o nueve meses que, tras recibir una inyección aplicada por Ojeda, habría perdido a su bebé. El abogado anticipó que evaluará el modo de canalizar esa denuncia y advirtió que aparecerán más voces de Quitilipí en los próximos días. "Esto es la punta del iceberg, nos vamos a horrorizar con todo lo que va a venir de ahora en adelante", afirmó.

En su lectura del expediente, Acosta apuntó tanto contra la responsabilidad penal individual como contra la cadena de decisiones administrativas que permitieron la contratación y permanencia de Ojeda en el sistema sanitario. "El doctor que no estuvo y el funcionario que no envió los fondos deben responder ante el juez, porque el silencio es complicidad ante el despojo del derecho a la salud", sostuvo, y ratificó que avanzará hasta que todos los responsables rindan cuentas ante la Justicia.