"La vulnerabilidad de las infancias no se resuelve solo en la Justicia"
En diálogo con N9, Hermindo González, abogado especialista en Derecho Penal del Menor, la Familia y la Adolescencia y ex integrante de "Infancia Robada", analizó las responsabilidades institucionales, los controles fronterizos y el abordaje de las niñeces vulnerables.

El caso del niño "N" sumó nuevas definiciones judiciales en Corrientes: la Justicia negó la prisión domiciliaria al abogado José Fernández Codazzi, acusado de encubrimiento, y dictó la prisión preventiva para Josías Santos Regis, padre del menor, quien fue trasladado a la Unidad Penal N°6 de San Cayetano. El hombre está imputado por tentativa de homicidio agravado y supresión de menores, luego de haber permanecido prófugo junto a su hijo durante más de 36 horas.
El caso generó una fuerte conmoción en la provincia, no solo por la desaparición del niño y el operativo de búsqueda que terminó con el menor sano y salvo, sino también por las múltiples aristas que ahora analiza la Justicia. Entre ellas aparece la participación de Codazzi, quien habría trasladado en su camioneta al niño y a su padre desde Esquina hasta una zona rural cercana a Goya. Esa intervención derivó en su detención y en la acusación por presunto encubrimiento.


En diálogo con N9, durante un móvil realizado por Luis Gutiérrez, el doctor Hermindo González, abogado especialista en Derecho Penal del Menor, la Familia y la Adolescencia y ex integrante de "Infancia Robada", sostuvo que el caso expone una problemática más profunda vinculada a la protección de las infancias. "La vulnerabilidad de las niñeces no solamente existe en nuestra ciudad, en nuestra provincia o en nuestra región, sino en todo el país", afirmó.
González advirtió que muchas veces las respuestas aparecen recién cuando los hechos ya llegaron a la Justicia, cuando en realidad deberían existir políticas públicas de prevención más sólidas. "Las políticas públicas nunca van a encontrar las respuestas en la Justicia ni en lo justiciable", sostuvo. En ese sentido, planteó que el sistema judicial no puede ser visto como la única herramienta para resolver situaciones de vulnerabilidad infantil, sino como una instancia posterior cuando ya se produjo un daño o un riesgo concreto.
El especialista también puso el foco en los controles interprovinciales y fronterizos, especialmente al referirse a la situación migratoria de Santos Regis, quien ya contaba con antecedentes por violencia de género y residía en Corrientes sin documentación regular. "No podemos permitir esta laxitud de los controles fronterizos", expresó. Según explicó, esa falta de control puede convertirse en un escenario propicio para que personas con fines ilícitos se asienten, circulen y actúen sin una verificación efectiva por parte del Estado.
Respecto del rol de Codazzi, González remarcó que la eventual participación de un abogado en un hecho de estas características enciende una alarma institucional. "Quienes formamos parte del auxilio de la Justicia tenemos mayor responsabilidad y mayores obligaciones a la hora de cumplir la norma", señaló. Además, sostuvo que corresponde analizar la conducta desde el plano judicial y también desde el ámbito disciplinario del Colegio de Abogados. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación y vuelve a dejar una pregunta de fondo: cómo proteger a los niños antes de que la vulnerabilidad se transforme en una causa penal.
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