Fiscalía y Juzgado de Menores imputaron por intimidación pública a los adolescentes identificados

La Fiscalía Penal de Investigaciones Nro. 3 imputó a los adolescentes identificados en la ola de amenazas de tiroteos contra establecimientos educativos de la ciudad por el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, que prevé penas de 2 a 6 años de prisión. Así lo informaron este lunes, en un comunicado conjunto, la Fiscalía y el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Penal Nro. 3, que vienen trabajando de manera coordinada desde que se conocieron los primeros casos.

Según detallaron, los menores ya fueron puestos a disposición de la Justicia y no se descartan nuevas calificaciones a medida que avance la investigación. Para los casos de adolescentes punibles, el juez autorizó a la Policía a conducirlos a la comisaría correspondiente con el fin de identificarlos formalmente y abrir los expedientes judiciales. Más adelante, tanto los adolescentes como sus padres o responsables legales serán citados ante el Juzgado.

Desde ambas oficinas judiciales remarcaron que estos hechos van a tener consecuencias legales. El Ministerio Público Fiscal aseguró que actuará con todo el rigor de la ley frente a conductas que alteren la paz social y la seguridad escolar. El Juzgado, por su parte, adelantó que va a aplicar las medidas previstas en el Régimen Penal Juvenil caso por caso, contemplando las particularidades de cada situación y resguardando el debido proceso.

En el mismo comunicado apuntaron directamente a las familias. Recordaron que el rol de padres, madres y responsables es central en la formación de los chicos y que la prevención de este tipo de conductas arranca en la casa, con diálogo diario, escucha, límites y un control responsable del uso de redes sociales y dispositivos. Un mensaje en línea con lo que distintas instituciones educativas y fuerzas de seguridad vienen planteando en las últimas semanas.

Por último, la Fiscalía y el Juzgado le pidieron a la comunidad que no difunda audios, imágenes ni mensajes sin verificar, porque ese tipo de material suele amplificar la alarma social sin aportar información real. Para canalizar cualquier dato vinculado a estas amenazas, recordaron que los canales disponibles son el 911, la comisaría más cercana y la sede de Fiscalía.