"Cara la jodita": Santa Fe empezó a cobrarles millones a padres de alumnos por amenazas en escuelas

El Gobierno de Santa Fe comenzó a cobrarles a padres y tutores de alumnos involucrados en amenazas de tiroteos en escuelas, en medio de la creciente preocupación por los mensajes intimidatorios registrados en establecimientos educativos de todo el país. La primera notificación fue realizada este martes y alcanzó a la familia de un menor señalado como autor de una amenaza, por un monto total de $6.024.944 correspondiente al operativo policial desplegado en la institución afectada.

La medida se tomó luego de que, el pasado 30 de marzo, un adolescente de 15 años asesinara a un compañero e hiriera a otros dos alumnos en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe. Desde entonces, las autoridades provinciales contabilizaron 58 amenazas en colegios, entre llamadas, pintadas y mensajes. Según explicó el ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, la primera intimación fue dirigida "a ambos padres de una persona menor de edad identificada como autora de una de estas amenazas".

Durante el procedimiento policial, el padre del adolescente reaccionó al conocer el monto reclamado con la frase: "Ah, cara la jodita". En la notificación se detallaron además los medios de pago y el plazo de cinco días para cancelar la deuda antes de que los antecedentes sean enviados a la Fiscalía de Estado. "Se despachó la primera comisión policial para notificar la primera intimación, en el marco de la resolución dictada para el recupero de los costos de los operativos", sostuvo Cococcioni en conferencia de prensa.

El funcionario señaló que hay "más de 70 personas involucradas" en los distintos episodios registrados y remarcó que las intimaciones se emiten una vez que la Fiscalía valida las identidades de los responsables. También aclaró que el reclamo "no es una multa ni una pena", sino "una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial", lo que podría derivar en embargos de sueldos o inhibiciones de bienes. Según estimaciones oficiales, el total reclamado podría superar los 250 millones de pesos. Entre los gastos incluidos se contemplan combustible, vehículos, horas de servicio policial y la intervención de brigadas especializadas, como explosivos.

Mientras tanto, la problemática también se expandió a otras provincias. En Buenos Aires ya se reportaron más de 600 amenazas de tiroteos en escuelas y el Gobierno bonaerense denunció ante la Procuración General la posible existencia de una "estructura delictiva" detrás de los mensajes intimidatorios. La ministra de Educación provincial, Flavia Terigi, pidió a los estudiantes "no viralizar este tipo de contenidos" y reclamó a las familias que generen "espacios de diálogo" para prevenir nuevos episodios.