Nueva ley de salud mental: qué propone el Gobierno y qué criticas genera

El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental N° 26.657, en medio de un reclamo sostenido de familias y organizaciones que advierten fallas en el sistema y piden cambios estructurales.

La normativa actual, sancionada en 2010 y considerada en su momento un avance en materia de derechos, hoy enfrenta cuestionamientos por su implementación. A 15 años de su aprobación, la falta de recursos, los problemas en la atención y el crecimiento de los casos vinculados a salud mental reactivaron la discusión.

Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa buscará modificar los procesos de internación y actualizar algunos conceptos de la ley, con el objetivo de adaptarla a las necesidades actuales. El proyecto será presentado en los próximos días para su tratamiento legislativo.

Sin embargo, distintos especialistas ponen en duda que la reforma resuelva los problemas de fondo. Según plantean, el principal obstáculo no radica en el contenido de la ley, sino en su aplicación. "El problema no es la norma, sino que no se cumple", sostienen.

El debate se da en un contexto de creciente preocupación por la salud mental en el país, con demandas que apuntan tanto a mejorar la atención como a garantizar políticas públicas sostenidas en el tiempo.

Criterios en las internaciones, cambios de conceptos y actualización de los registros: las principales modificaciones que impulsa el Gobierno
De acuerdo a lo que anticipó el Ministerio de Salud, el proyecto apunta a superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia y plantea la necesidad de reenfocar algunos criterios, basados en la situación actual.

Uno de los puntos más fuertes tiene que ver con la internación involuntaria y el cambio sobre el concepto "riesgo cierto e inminente para sí o para terceros".

"Este criterio tiene en cuenta únicamente la situación del paciente al momento de la evaluación médica, impidiendo, en muchas ocasiones, intervenciones preventivas en contextos de crisis. Por este motivo, la propuesta propone implementar un criterio situacional para la evaluación del riesgo considerando el contexto general del cuadro, en el que se incluyen los antecedentes recientes de conductas riesgosas, y la evolución previsible del paciente en caso de no recibir tratamiento", explicaron.

De esta manera, plantearon que en casos de urgencias un médico psiquiatra pueda indicar una internación involuntaria de manera inmediata, aunque esa decisión deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Además, se propone ampliar de 10 a 24 horas el plazo para notificar a la Justicia.

El proyecto busca implementar el fortalecimiento de una red de atención organizada por niveles de complejidad. Esto incluye desde hospitales especializados hasta servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, espacios comunitarios y residencias asistidas.

También propone modificar el uso del término "padecimiento mental", porque creen que es "demasiado amplio para la práctica clínica", y adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), para incorporar el concepto de "trastornos mentales".

Por otro lado, quieren fortalecer los sistemas de información, puntualmente el Registro Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental (Resam) y el Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes) para conocer la capacidad instalada, disponibilidad de camas y cantidad de pacientes, y mejorar la planificación del sistema; además de ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión.

Cuáles son las principales fallas de la ley de salud mental actual
A 15 años de su sanción, la Ley de Salud Mental enfrenta duras críticas por las fallas estructurales en su implementación. Aunque el texto se creó bajo una mirada humanista y una atención basada en la comunidad, la realidad muestra que los dispositivos necesarios para que el sistema funcione nunca llegaron a concretarse de manera efectiva, dejando tanto a pacientes como a familias en un laberinto de desprotección.

El foco de la mayor controversia está en el Artículo 20, que regula las internaciones involuntarias. La norma exige que, para internar a alguien contra su voluntad, debe existir un "riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros". En la práctica, esto obliga a que la persona deba estar en un momento crítico para que el sistema de salud pueda intervenir legalmente.

Para quienes defienden la ley, el nudo del conflicto no es la restricción a las internaciones, sino la ausencia de una red de apoyo. La norma prometía centros de atención primaria, hospitales generales con camas de salud mental, casas de medio camino y sistemas de atención domiciliaria. Sin embargo, defensores y críticos coinciden en algo: esa red de contención comunitaria simplemente no existe, lo que deja como única respuesta posible las internaciones.

La desfinanciación es el otro gran punto. Según la ley, el presupuesto para salud mental debería representar el 10% del total de Salud, tanto en Nación como en las provincias. Pero un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reveló que en la última década esa cifra nunca superó el 2,7% y, en la mayoría de los años, ni siquiera llegó al 2%.

Fuente: TN