El Tribunal de Cuentas ratificó la legalidad de las inversiones financieras de Sáenz Peña
En una declaración testimonial que arroja luz sobre el polémico manejo de fondos públicos en la Bolsa, la fiscal Noemí Maricel Moraes confirmó que el municipio cuenta con auditorías aprobadas y que el Ejecutivo posee facultades constitucionales para invertir excedentes sin necesidad de ordenanzas específicas.

La investigación judicial sobre las operaciones de los municipios chaqueños en el mercado de capitales sumó un capítulo determinante tras la declaración testimonial de Noemí Maricel Moraes, fiscal del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Durante su comparecencia, la funcionaria técnica validó la estrategia financiera de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, señalando que el marco normativo vigente ampara la gestión de fondos líquidos para proteger el patrimonio municipal frente al fenómeno inflacionario.
Moraes fue categórica al explicar que, cuando un municipio dispone de excedentes por fuera de su presupuesto operativo, es responsabilidad directa del intendente administrar esos recursos de la manera más eficiente posible. En este sentido, aclaró que la decisión de invertir en la Bolsa de Comercio es una atribución propia del Poder Ejecutivo que emana de la propia Constitución, por lo cual no se requiere de la sanción de una ordenanza específica por parte del Concejo Deliberante para ejecutar dichos movimientos.


Respecto a la situación particular de la ciudad termal, la fiscal detalló que la comuna cumplió con los protocolos de transparencia al declarar oportunamente la existencia de su cuenta comitente ante el órgano de control. Según los registros oficiales, las colocaciones realizadas durante el ejercicio 2024 correspondieron a instrumentos de bajo riesgo y perfil conservador, cuyos rendimientos e intereses se encuentran debidamente asentados en los libros y resúmenes bancarios de la administración local.
Moraes subrayó que las auditorías de Sáenz Peña están aprobadas sin objeciones hasta el cierre de 2024, mientras que el ejercicio actual se encuentra bajo los procesos habituales de revisión técnica. Finalmente, la funcionaria recordó que el Dictamen Nº 10/24 del Tribunal de Cuentas constituye el respaldo legal definitivo para que las intendencias operen en el mercado financiero, precisando que el rol del Tribunal no es el de asesorar sobre dónde invertir, sino el de fiscalizar rigurosamente que los resultados coincidan con los registros contables al finalizar cada año.
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