Un terrateniente estadounidense bloqueó con una tranquera una ruta provincial
Vecinos y productores de la zona de El Maitén alertaron que una tranquera fue colocada sobre la Ruta Provincial 12 y que al menos dos familias quedaron aisladas, sin una respuesta oficial inmediata.
Una grave denuncia sacude a la cordillera de Chubut: vecinos, productores y medios regionales advirtieron que un empresario estadounidense habría instalado una tranquera sobre la Ruta Provincial 12, a unos 60 kilómetros de Esquel, en dirección a la meseta, cerca de El Maitén. Según los reportes difundidos entre el 17 y el 19 de marzo, la estructura restringiría el paso en un camino de uso público y ya habría dejado a familias rurales con serias dificultades para circular, abastecerse y acceder a servicios básicos. Hasta el momento, la situación aparece sostenida por denuncias públicas y registros audiovisuales, mientras no se conocía una intervención oficial concreta que garantizara la liberación de la traza.
El caso impacta todavía más por el silencio estatal. Si se confirma que un particular avanzó sobre una ruta provincial, la inacción del Gobierno de Chubut y de los organismos competentes no sería un detalle administrativo sino una señal política grave: el Estado parece ausente justo cuando debería hacer valer la ley y resguardar un bien público elemental como la libre circulación. La denuncia no describe una disputa menor entre privados, sino un episodio que pone bajo sospecha la capacidad oficial para defender el territorio frente al poder económico extranjero.
La controversia además expone una doble vara difícil de disimular. Desde diciembre de 2023, el Gobierno nacional formalizó el protocolo para el mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación, que prevé la intervención de fuerzas federales frente a bloqueos parciales o totales. Sin embargo, mientras ese criterio se aplica con rapidez cuando los cortes provienen de la protesta social, en Chubut no se observa la misma premura frente a una denuncia que involucra a un actor privado con poder económico. A eso se suma otro dato de fondo: la Ley de Tierras Rurales sigue vigente y mantiene límites a la propiedad extranjera, aunque el Gobierno intentó avanzar sobre ese régimen y mantiene abierto un debate sensible sobre soberanía, recursos estratégicos y control territorial.
En ese marco, el episodio remite inevitablemente a otro antecedente patagónico: el conflicto por el acceso público a Lago Escondido, en Río Negro, vinculado al magnate británico Joe Lewis. Allí, la disputa lleva años y giró en torno al uso del camino de Tacuifí y al efectivo cumplimiento del derecho de acceso a un espejo de agua de dominio público. Por eso, lo denunciado ahora en Chubut no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una discusión más amplia sobre soberanía nacional, concentración de tierras y la persistente tolerancia estatal frente a enclaves privados que, de hecho, condicionan derechos que deberían ser de todos los argentinos.
