En los últimos dos años, la educación privada en el Chaco viene mostrando un fenómeno que ya no puede considerarse coyuntural. La matrícula cayó en 2024 respecto de 2023 y volvió a caer en 2025 respecto del año anterior. No se trata de un dato aislado ni de una leve corrección estadística: es una tendencia sostenida que atraviesa los tres niveles del sistema formal y que, cuando se observa en conjunto, revela un retroceso más marcado en el último año.
En el nivel inicial puede argumentarse que la baja de la natalidad tiene algún grado de incidencia. Sin embargo, ese factor no alcanza para explicar lo que ocurre en el nivel primario y secundario, donde la caída fue más abrupta. Allí no hablamos de menos nacimientos sino de familias que toman decisiones concretas y, en muchos casos, se ven obligadas a retirar a sus hijos de instituciones privadas. La migración hacia el sistema público no responde a una cuestión ideológica sino a una realidad económica.
Durante años, la educación privada fue elegida no solo por sectores de altos ingresos, sino también por una amplia franja de clase media trabajadora. Para muchos hogares, representaba una alternativa que ofrecía estabilidad en el calendario escolar y ciertas condiciones organizativas que daban previsibilidad frente a contextos de conflictividad. Esa lógica aún persiste en parte, pero el contexto económico cambió de manera significativa. Hoy el principal factor que explica el descenso de matrícula es el impacto directo del aumento de las cuotas sobre los ingresos familiares.
Si se observan los datos de inflación del Gran Resistencia, el panorama es claro. En 2024, la inflación general fue del 101,3%, mientras que el rubro servicios educativos creció 105%. La diferencia no fue menor. Pero el salto más notorio se dio en 2025: con una inflación general del 30,3%, los servicios educativos aumentaron 45,6%, es decir, más de quince puntos porcentuales por encima del promedio. Esa brecha se traduce en cuotas que suben muy por encima del resto de los gastos del hogar.
Cuando se trasladan esos porcentajes a valores concretos, la magnitud del problema se vuelve evidente. En establecimientos privados sin subvención, las matrículas mensuales superan los 400.000 pesos por alumno en algunos casos. Incluso en instituciones con subsidio estatal, los valores rondan entre 95.000 y 110.000 pesos. La diferencia entre una y otra categoría existe, pero en todos los casos el esfuerzo económico es considerable, sobre todo para familias con más de un hijo en edad escolar.
Aquí surge una discusión inevitable. Más allá de cuestiones vinculadas a infraestructura o actividades complementarias, la brecha en términos de calidad educativa no resulta lo suficientemente amplia como para justificar incrementos tan por encima de la inflación general. Cuando los precios se despegan de manera tan marcada del contexto económico, el mercado termina enviando una señal: la demanda se retrae. Eso es lo que muestran los números de matrícula.
A esto se suma otro debate necesario: el esquema de subvenciones estatales. Muchas instituciones privadas reciben aportes públicos para cubrir parte de sus costos, principalmente salariales. En teoría, la cuota que pagan las familias debería destinarse a mantenimiento, infraestructura o servicios adicionales. Sin embargo, la relación entre lo que se cobra y lo que efectivamente se ofrece no siempre es clara ni proporcional. Esa falta de correlación también forma parte del malestar que hoy se percibe en los hogares.
La caída de matrícula no es simplemente un problema de las escuelas privadas. Es un síntoma de la pérdida de poder adquisitivo de la clase media y de la tensión entre precios y calidad en un servicio esencial. Cuando la educación privada deja de ser accesible para amplios sectores, el sistema educativo en su conjunto se reconfigura, y el impacto se traslada también al sistema público.
El desafío hacia adelante no pasa por descalificar a uno u otro sector, sino por abrir una discusión seria sobre precios, calidad y transparencia en el uso de recursos. Los datos muestran que los aumentos aplicados no se condicen con lo que se ofrece y que las familias ya no pueden absorber ese diferencial. Ignorar esa señal sería un error. La educación no puede transformarse en un bien de lujo para unos pocos, porque cuando eso ocurre, el problema ya no es solo económico: es social.
