"El principal capital de la Bolsa es la confianza pública, no el dinero"

La decisión judicial que ordenó el embargo preventivo por casi $1.890 millones a la Bolsa de Comercio del Chaco generó un fuerte impacto institucional y abrió un nuevo capítulo en el conflicto por los fondos invertidos por la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. En medio de la polémica, el móvil de N9 recogió las voces de los protagonistas, que expusieron sus argumentos y cuestionamientos tras la medida cautelar.

En diálogo con N9, el abogado del municipio explicó que la cautelar busca garantizar que los fondos estén disponibles en caso de una sentencia favorable. "Si el fallo nos da la razón y el dinero no está, el daño sería irreparable", sostuvo, al justificar el pedido de embargo preventivo. Según detalló, la acción judicial apunta a proteger recursos públicos que habrían sido colocados en instrumentos financieros que no se correspondían con el perfil conservador declarado por el municipio.

Uno de los testimonios más contundentes fue el de Víctor Ruiz Díaz, socio fundador y denunciante, quien en diálogo con N9 expresó su preocupación por el impacto institucional del caso. "Esto no es solamente un problema económico, es un problema de confianza pública", afirmó. Además, remarcó que la situación podría afectar la credibilidad de la plaza financiera local si no se esclarecen los hechos con total transparencia.

Ruiz Díaz también señaló que, a su entender, la investigación debe avanzar sobre las responsabilidades internas. "Hay que investigar la responsabilidad de la institución y de quienes tomaron las decisiones", manifestó ante el móvil, y agregó que la ciudadanía necesita respuestas claras cuando se trata de la administración de fondos públicos.

Desde el entorno municipal insistieron en que la discusión no es meramente técnica, sino que involucra recursos de todos los vecinos. En ese sentido, remarcaron que la medida judicial no implica una condena definitiva, pero sí una señal de que existen elementos suficientes para avanzar en la investigación. "La cautelar es una herramienta para preservar derechos mientras se analiza el fondo de la cuestión", explicaron.

Mientras tanto, la expectativa está puesta en los próximos pasos procesales y en las posibles apelaciones. El caso continúa bajo análisis judicial, pero las declaraciones recogidas por N9 dejaron en claro que el conflicto excede lo financiero: pone en juego la confianza institucional y la transparencia en el manejo de fondos públicos. "Queremos que se sepa la verdad y que se resguarde el dinero de la gente", concluyó Ruiz Díaz.