El Tribunal de Cuentas explicó sus plazos: "No sanciona, aporta la documentación a la causa"

El escándalo por las presuntas inversiones de riesgo vinculadas a la Bolsa de Comercio del Chaco sumó un nuevo capítulo con el foco puesto en el Tribunal de Cuentas. En medio de la investigación administrativa de la Comisión Nacional de Valores y de la causa penal en la Justicia Federal, el organismo de contralor provincial aclaró cuáles son los plazos que rigen su actuación.

Desde el móvil en vivo de N9, la periodista Laura Cantero informó que los municipios tienen plazo hasta el 18 de marzo para presentar la rendición anual 2025. "Tienen 180 días constitucionales para detectar anomalías", señaló al explicar que, una vez recibida la documentación, el Tribunal dispone de ese período para realizar el análisis técnico correspondiente.

De acuerdo a la información recabada, cada rendición es examinada por un fiscal de cuentas, quien tiene a su cargo entre cinco y seis municipios —de un total de 70— además de dos Cajas Municipales. El dictamen luego es elevado al Director Administrativo en el marco del procedimiento interno conocido como "Cuenta Dante", pudiendo aprobarse o rechazarse la rendición de manera total o parcial.

En el caso de detectarse conductas que puedan encuadrarse como culposas o dolosas, el Tribunal no aplica sanciones penales. Tal como explicó la cronista, "si hay irregularidades, quien debe actuar es la Fiscalía", ya que el organismo se limita a denunciar los hechos y aportar la documentación observada a la causa judicial en trámite.

El requerimiento específico sobre inversiones financieras enviadas a los municipios forma parte de auditorías que, si bien suelen ser selectivas, pueden tornarse puntuales cuando el contexto lo exige. No obstante, las autoridades remarcaron que ese pedido es uno más dentro del análisis integral de las cuentas públicas.

Finalmente, desde el Tribunal explicaron que sus integrantes funcionan institucionalmente bajo una lógica similar a la del Poder Judicial. Por esa razón, no pueden emitir opiniones públicas sobre expedientes en trámite, ya que cualquier manifestación podría interpretarse como prejuzgamiento y derivar en su apartamiento. Mientras tanto, el proceso continúa bajo los tiempos formales establecidos por la Constitución y la ley.