Escándalo en la Bolsa de Comercio: ¿qué pasó con el Tribunal de Cuentas?
La crisis desatada en torno a la Bolsa de Comercio del Chaco dejó de ser una investigación puntual para convertirse en un caso que sacude al sistema financiero pero que reparte esquirlas en el ámbito judicial y político provincial. Con la intervención de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y de la Justicia Federal por una presunta estafa que podría involucrar cifras millonarias, ahora la pregunta que comenzó a instalarse es otra: ¿dónde estuvo el Tribunal de Cuentas, el principal órgano de control municipal ?
Sacudido por la agenda pública del tema, en las últimas días , el Tribunal de Cuentas del Chaco —máxima autoridad de contralor sobre los municipios— envió oficios a todos los intendentes solicitando información detallada sobre inversiones financieras realizadas con fondos públicos desde el inicio de 2025. El requerimiento incluye datos sobre entidades intervinientes, instrumentos utilizados, movimientos de fondos, resultados obtenidos y respaldo legal de cada operación.
El movimiento confirma que la investigación ya no se limita solo al municipio saenzpeñense, sino que también podría extenderse a otras administraciones locales. De hecho se mencionan, aunque sin confirmación oficial, a Gancedo, Charata, Resistencia y Presidencia de la Plaza, sobre este último, el propio intendente Diego Bernache desmintió en noticiero9.com.ar haber participado en este tipo de inversiones de riesgo. Por ahora, los demás se escudan bajo un férreo hermetismo.
El rol del órgano de control
Volvamos al oficio librado a los Municipios por el Tribunal de cuentas del Chaco, donde el máximo organismo auditor muncipal busca establecer si se invirtieron fondos públicos en instrumentos de riesgo, si esas decisiones estaban legalmente respaldadas y quién debe asumir responsabilidades. Ahora también la intervención también genera interrogantes: ¿es un control preventivo o una reacción tardía ante un daño ya consumado?
"No fue inversión, fue timba"
Un abogado especialista en administración pública y control de fondos estatales consultado por este medio fue categórico al analizar el escenario: "Si los municipios estuvieron haciendo inversiones de riesgo con dinero público, no solo queda comprometida la responsabilidad de intendentes y funcionarios, sino también la del propio Tribunal de Cuentas, que debió advertirlo antes".
El conocido jurista -que prefiere el anonimato ante la magnitud de los hechos- recordó que en la gestión estatal rige un principio esencial: la preservación del patrimonio público.
"Para proteger el dinero público, las inversiones deben ser conservadoras. Un municipio puede colocar excedentes en un plazo fijo, pero no puede timbear en la Bolsa" aseguró categórico.
En esa línea, cuestionó las versiones sobre rendimientos extraordinarios que habrían circulado dentro del esquema investigado: "En ningún sistema financiero formal existe un 30% o más garantizado. Eso no es inversión: es apuesta al dinero de los contribuyentes. Y cuando el esquema se cae, como ocurrió con quiebras o concursos, el riesgo se materializa y el dinero no está garantizado".
¿Control tardío o reacción defensiva?
Para el especialista, los pedidos urgentes de informes podrían interpretarse como un intento de delimitar responsabilidades.
"No haber advertido oportunamente estas maniobras también compromete al órgano de control. Por eso ahora se deben haber activado requerimientos formales: para dejar constancia y acotar responsabilidades". Ahora la lupa apuntaria también al sistema de control del Estado.
Y la pregunta que queda planteada es tan institucional como política: Nadie sabía nada ?
