"Compraban al oficial y vendían al paralelo": investigan una maniobra de casi US$200 millones durante el gobierno de Alberto Fernández

Una causa judicial que investiga supuestos negociados con el dólar oficial en Argentina dio un giro inquietante: entre la documentación secuestrada en uno de los allanamientos a funcionarios del Banco Central apareció un sumario interno de la casa de cambio ARG EXCHANGE S.A., vinculada a los financistas Elías Piccirillo y Martín Migueles, que podría aportar pruebas de una maniobra cambiaria presuntamente ilegal. Los hechos ocurrieron entre enero y agosto de 2023, en plena vigencia de controles de cambio rígidos, y ahora se estima que la operación cruzada alcanzó casi 200 millones de dólares.

La hipótesis central de la investigación es que determinadas casas de cambio, incluida ARG EXCHANGE S.A., compraban dólares al tipo oficial —al que tenía acceso privilegiado— y los vendían en el mercado paralelo, donde la brecha entre el dólar oficial y el blue superaba el 100%, generando ganancias extraordinarias al margen de las normas cambiarias del momento. El hallazgo de la documentación clave en el domicilio de una funcionaria encargada de supervisar entidades financieras y cambiarias reavivó las preguntas sobre si esa operativa fue organizada desde dentro del propio Banco Central o si se trató de acciones que se desarrollaron bajo el radar de sus superiores.

Los documentos decomisados, que forman parte de la causa que lleva el juez federal Sebastián Casanello, detallan los volúmenes negociados por ARG EXCHANGE S.A. entre enero y agosto de 2023, con cifras que rozan los 184,8 millones de dólares, en medio de un mercado extremadamente tensionado por cepos cambiarios y un dólar paralelo muy por encima del oficial. La investigación busca ahora establecer si estas anotaciones no solo describen la operatoria, sino que prueban un acceso irregular al tipo de cambio oficial, con ventajas económicas que podrían constituir delitos financieros.

En esos mismos meses, Argentina atravesaba una profunda crisis social y económica, con indicadores de pobreza sostenidamente altos. Según el INDEC, la pobreza alcanzó 40,1% de la población en el primer semestre de 2023 y escaló hasta un 41,7% al cierre del año, afectando a casi 19,5 millones de personas en un contexto donde los salarios perdían poder adquisitivo frente a los precios.  

La causa también puso bajo la lupa a funcionarios del propio Banco Central, entre ellos inspectores y supervisores que estaban a cargo de controlar las casas de cambio. El eje de la investigación no solo es determinar si las maniobras cambiarias se realizaron, sino también si hubo conocimiento o complicidad de las autoridades máximas de la entidad en ese momento, cuando Miguel Pesce estaba al frente del Banco Central durante gran parte de 2022 y 2023 y las restricciones cambiarias eran parte de la política oficial para administrar las reservas.

La fiscalía y la querella trabajan ahora para reconstruir no solo los números —que hablan de decenas de millones en arbitraje cambiario— sino las conexiones humanas y de poder que posibilitaron estas operaciones en un país donde, al mismo tiempo, la pobreza tocaba registros históricos. ¿Fue una estrategia aprovechada por unos pocos en desmedro de la mayoría? ¿O simplemente una mala interpretación de controles y supervisión por parte de una empleada? La respuesta, aún en construcción, promete sacudir el orden económico y político en pleno debate público sobre transparencia y control del sistema financiero argentino.