Comerciantes denuncian un "peaje ilegal" de $47 mil para ingresar mercadería

En el acceso a La Leonesa, un cobro que comenzó como un tributo a vendedores ambulantes terminó convertido —según denuncian comerciantes— en un canon generalizado para todo vehículo que ingrese mercadería a la localidad. Transportistas, repartidores y empresas de logística aseguran que deben pagar hasta 47 mil pesos por vehículo, bajo amenaza de secuestro de camiones si no abonan.

La situación fue expuesta por el comerciante Lito Serfaty, quien en diálogo con N9 sostuvo que el cobro carece de sustento legal y contradice la Constitución Nacional. "Peaje, peaje e inconstitucional, según el artículo 9 de la Constitución Nacional", afirmó, al señalar que no pueden existir "otras aduanas" internas ni barreras que restrinjan el libre tránsito de bienes entre localidades.

Serfaty explicó que la ordenanza original —vigente desde hace décadas— alcanzaba únicamente a vendedores ambulantes, pero que en el último tiempo se amplió sin publicidad ni debate a todo tipo de transporte comercial. "Ahora se generalizó al transporte que provee mercadería a los comercios y también a las empresas de logística que reparten compras por internet", detalló. Según indicó, el monto del canon se triplicó en el último año y hoy asciende a 47.000 pesos por vehículo.

El comerciante denunció además la falta de transparencia en el destino de los fondos y la ausencia de comprobantes válidos. "He pedido una factura legal para poder desgravar impositivamente y no te dan factura; te dan un papelito sin ningún valor", aseguró. También cuestionó que no se difundan las sesiones del Concejo ni se facilite el acceso a las ordenanzas: "Me pidieron que pague para que me entreguen las ordenanzas. Eso no tiene el menor asidero legal".

Para Serfaty, el impacto no recae solo en los comercios sino directamente en los vecinos. "Esto encarece todo y termina en los precios que paga la gente", afirmó, y advirtió que existe temor en la comunidad. En ese contexto, no descartó recurrir a la Justicia y apuntó contra el intendente José Carvajal. "Creo que llegado el momento le tendré que pedir a la Justicia que investigue", expresó, al señalar que el nivel de vida del jefe comunal "no se condice" con su función.

El reclamo suma así una nueva denuncia pública sobre un esquema de cobros que, según los comerciantes, afecta la actividad económica local y termina trasladándose al bolsillo de los propios vecinos, mientras persisten interrogantes sobre su legalidad y el destino del dinero recaudado.